En la Comunidad Valenciana, el paso de la DANA dejó cicatrices profundas, tanto en infraestructuras como en familias que lo perdieron todo.
Diez meses después del desastre, la mayoría de los afectados sigue esperando la ayuda prometida por el Gobierno central.
De los 16.600 millones de euros anunciados por Pedro Sánchez para cubrir todas las solicitudes, solo se han desembolsado 6.190 millones hasta el 25 de agosto, lo que representa apenas un 37,29 % del total previsto. Así, el 62 % de las ayudas sigue pendiente de ser asignado.
Las cifras oficiales son contundentes: más de 320.000 solicitudes siguen «en tramitación».
Esto significa que, aunque el anuncio de movilización de fondos fue inmediato tras la catástrofe, la respuesta real en los hogares sigue sin materializarse. La burocracia, los procedimientos y la gestión de expedientes han embarrado la llegada efectiva del dinero a quienes lo necesitan de forma urgente. Hay familias que, a día de hoy, ni siquiera han recibido un solo euro de la ayuda estatal.
El peso de la burocracia y los diferentes ritmos de ayuda
La situación se agrava al analizar la procedencia de los fondos ya abonados. De los 6.190 millones entregados hasta el momento, 3.500 millones provienen del Consorcio de Compensación de Seguros, una entidad aseguradora pública que no depende directamente del Gobierno central. Así, solo el 43 % del dinero entregado a los afectados procede directamente de las arcas estatales, y el resto lo ha gestionado el Consorcio. Si descontamos estos fondos, el Gobierno ha repartido solo 2.600 millones en ayudas directas, apenas el 16 % del total movilizado.
Mientras tanto, otras instituciones como la Generalitat Valenciana han conseguido transferir fondos de forma más ágil. Hay damnificados que han cobrado primero de la administración autonómica o del Consorcio, mientras que las ayudas estatales siguen bloqueadas por trámites pendientes.
El precedente de otras catástrofes: La Palma y la gestión de Sánchez
La lentitud en la gestión de estas ayudas no es un caso aislado. Los damnificados por el volcán de La Palma siguen denunciando el incumplimiento de las promesas del Gobierno central. Se prometieron 60.000 euros por vivienda destruida, pero muchas de esas compensaciones no han llegado. El propio presidente, durante sus múltiples visitas a la isla, anunció un plan integral de recuperación que, casi tres años después, sigue sin materializarse en la vida de muchas familias.
Las quejas de los afectados de La Palma son claras: sienten abandono institucional y una falta de interlocución directa con el Ejecutivo. La acumulación de expedientes sin resolver y la falta de transferencia efectiva de fondos para la reconstrucción han dejado a cientos de familias en una situación de vulnerabilidad prolongada.
Emergencias climáticas y responsabilidades políticas
La gestión de catástrofes naturales ha situado a Pedro Sánchez y su Ejecutivo en el centro de la polémica. El propio presidente asumió por decreto el mando en situaciones de “emergencia y catástrofe”, reservándose la competencia de declarar situaciones de interés para la seguridad nacional, lo que otorga al Gobierno central la máxima responsabilidad en la atención y prevención de estos episodios.
Sin embargo, en la práctica, la respuesta ha sido criticada por su lentitud y por la tendencia a derivar responsabilidades hacia las comunidades autónomas. En el caso de la DANA en Valencia, la activación de recursos estatales llegó tarde, y la tramitación de las ayudas sigue sin avanzar al ritmo que exigen las circunstancias de los damnificados.
Datos y promesas: contraste con la realidad
La disparidad entre los anuncios y la ejecución es uno de los elementos que más indignación genera entre los afectados:
- Total movilizado por el Gobierno: 16.600 millones de euros.
- Ayuda entregada hasta el 25 de agosto: 6.190 millones.
- Porcentaje pendiente: 62 % del total.
- Solicitudes aún en trámite: más de 320.000.
- Ayudas directas del Gobierno: 2.600 millones (16 % del total).
- Ayudas del Consorcio: 3.500 millones (57 % del dinero pagado hasta ahora).
A este escenario se suma el anuncio, a principios de año, de un nuevo paquete de ayudas por valor de 2.200 millones para la reconstrucción de edificios municipales e infraestructuras hidráulicas dañadas, prometiendo financiar el 100 % de estos gastos. Sin embargo, la llegada efectiva de estos fondos también está siendo más lenta de lo esperado.
Reacciones sociales y políticas
El retraso y la falta de transparencia han provocado críticas tanto desde los partidos de la oposición como desde los propios afectados. La sensación de abandono institucional y la dificultad para acceder a los fondos prometidos han alimentado el descontento social. Los alcaldes de los municipios más afectados han trasladado al Gobierno la urgencia de acelerar los pagos y simplificar los trámites, mientras que la administración central insiste en que está haciendo “todo lo posible” para completar el reparto.
El reto pendiente: reconstruir la confianza
A día de hoy, 27 de agosto de 2025, quedan 10.400 millones de euros por asignar a los damnificados por la DANA. Los afectados siguen esperando soluciones concretas y una gestión más eficiente de los recursos. El caso de la DANA en Valencia se suma a una lista de catástrofes recientes en las que la respuesta institucional ha quedado por debajo de las expectativas generadas por los anuncios oficiales.
La reconstrucción no es solo una cuestión de infraestructuras, sino también de confianza. Y esa, a tenor de los datos y los testimonios de los afectados, es la tarea más difícil que tiene ahora mismo el Gobierno en su agenda.
