España se encuentra en medio de una crisis de infraestructuras viarias sin precedentes. La situación de las carreteras, gestionada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pasado de ser un mero asunto técnico a convertirse en una amenaza real para la seguridad de los conductores. Baches, socavones, grietas y pavimentos en mal estado son ahora el paisaje habitual en las autovías del país, ocasionando entre 1.000 y 1.500 accidentes cada año relacionados directamente con el deterioro de las calzadas.
La gravedad del asunto ha llevado a los especialistas a alertar: no invertir en carreteras no solo resulta costoso, sino que pone vidas en riesgo.
El diagnóstico que hacen los ingenieros es sombrío. De acuerdo con el último informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC), el 52% de la red presenta graves deterioros, mientras que 33.966 kilómetros —lo que equivale al 32% del total— requieren una intervención urgente debido a alteraciones significativas, tanto estructurales como superficiales. Estos tramos necesitan ser atendidos en menos de un año. A otros 20.407 kilómetros, se les concede un plazo máximo de cuatro años para actuar. La cifra que ilustra la magnitud del problema es clara: existe un déficit acumulado de conservación que alcanza los 13.500 millones de euros.
El agujero financiero que crece cada año
Jacobo Díaz, director general de la AEC, lo expresa con claridad: «Es así de triste. Antes era un problema que concernía a técnicos y asociaciones; ahora afecta directamente a los usuarios. Los conductores son conscientes del mal estado en que se encuentran las carreteras». En términos financieros, el desastre es evidente. El patrimonio viario de España se valora en unos 260.000 millones de euros, y según los estándares internacionales sería necesario invertir el 2% anual en su mantenimiento, lo que correspondería a unos 5.200 millones. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y las Comunidades Autónomas apenas dedican unos 3.000 millones anuales. Así, cada año, el déficit aumenta en otros 2.200 millones.
La Red de Carreteras del Estado (RCE), con sus 26.525 kilómetros —solo el 16% del total—, soporta un impresionante 53% del tráfico nacional y más del 65% de los vehículos pesados. Esto implica que necesita un mantenimiento intensivo. Desde la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (AICAPE) afirman que para la RCE «se deberían destinar al menos 2.500 millones anuales, cuando actualmente se asignan entre 1.300 y 1.400». Desde que Óscar Puente asumió como ministro de Transportes, el déficit ha crecido casi 4.000 millones; pasando de 9.000 millones en 2021 a los actuales 13.500 millones. Si no se actúa pronto, las carreteras seguirán deteriorándose a un ritmo aproximado del 8% anual desde 2022.
Consecuencias tangibles para conductores y economía
Los efectos visibles del abandono son evidentes durante cada trayecto. Un pavimento degradado obliga a reducir la velocidad media un 10%, lo cual se traduce en un aumento del tiempo necesario para recorrer distancias: hasta un 12,5% más para camiones, un incremento del 25% para autobuses y un aumento del 20% para vehículos ligeros. Los accidentes tienden a concentrarse en tramos críticos: por ejemplo, el kilómetro cero de la A-77a en Alicante ha registrado hasta ahora 93 accidentes con un total de 141 víctimas; mientras tanto, los kilómetros 17 y 15 de la autovía T-11 en Tarragona han acumulado decenas más. En conjunto, hay hasta 3.122 kilómetros dentro de la RCE con riesgo «elevado» o «muy elevado» para sufrir accidentes graves o mortales.
La falta de inversión también tiene repercusiones territoriales importantes. «Hay localidades completamente incomunicadas donde llegar es toda una odisea», advierte José Trigueros, presidente de la Asociación mencionada anteriormente. El déficit acumulado relacionado con el asfalto es igualmente alarmante: desde el año 2011 España arrastra una carencia superior a las 225 millones de toneladas . Para revertir esta situación sería necesario producir unas treinta millones más al año durante los próximos ocho ejercicios.
Las respuestas insuficientes del Gobierno
El Ministerio de Transportes ha anunciado recientemente un plan extraordinario que contempla una inversión total cercana a los 1.629 millones durante tres años. Sin embargo, algunos lo consideran solo un gesto simbólico que no aborda adecuadamente las necesidades reales: «Es posible que sea insuficiente frente a lo que realmente requiere la red», señala Jacobo Díaz. Los expertos subrayan la necesidad imperiosa de establecer una estrategia consensuada a largo plazo, lejos de soluciones improvisadas ante emergencias: «Estamos hablando ya del presupuesto general del Estado para este año prorrogado hasta en tres ocasiones consecutivas», critica Trigueros.
La inversión destinada al mantenimiento vial alcanzó los 1.830 millones en el ejercicio pasado; una cifra notable si se compara con los escasos 897 millones invertidos en2018. Aun así, sigue siendo insuficiente según diferentes asociaciones vinculadas al sector; estas han denunciado reiteradamente que hacen falta miles de millones adicionales para hacer frente a esta crisis latente. La Confederación Nacional del Transporte de Mercancías (CETM) exige elevar este presupuesto hasta al menos dos mil millones anuales, mientras que los estragos causados por recientes borrascas han supuesto ya unos costes adicionales por reparaciones urgentes cercanos a los225 millones .
El panorama es desolador: mientras las carreteras continúan desmoronándose y aumentan tanto los accidentes como las pérdidas económicas por congestión y daños materiales, las inversiones siguen siendo claramente insuficientes. Los expertos coinciden: sin una transformación radical en cómo se financia la conservación vial, España seguirá pagando un alto precio tanto en vidas humanas como económicamente.
