El Gobierno va a implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado. Más de 550.000 empleados públicos pasarán a trabajar 2,5 horas menos a la semana… sin reducción salarial.
La medida, anunciada por Óscar López, se aplicará en las próximas semanas tras el acuerdo alcanzado con sindicatos como UGT, CCOO y CSIF. El argumento oficial es claro: mejorar la conciliación laboral y adaptar el sector público a jornadas que ya existen en otras administraciones. Pero el debate real va mucho más allá.
Reducir la jornada sin tocar el salario implica, en la práctica, pagar lo mismo por menos horas trabajadas. Y eso abre una pregunta clave sobre productividad, eficiencia y coste para el conjunto de la economía. Además, se produce en un contexto en el que el sector público ya concentra una parte muy relevante del empleo, mientras el sector privado sigue soportando la presión fiscal y regulatoria.
¿Puede una economía permitirse reducir horas en el sector público mientras exige cada vez más al sector privado? ¿Se está mejorando la conciliación… o se está generando un nuevo desequilibrio?
En este vídeo analizamos qué implica realmente la jornada de 35 horas para los funcionarios, quién gana con esta medida y qué consecuencias puede tener sobre productividad, gasto público y crecimiento económico. Porque la clave no es solo trabajar menos…sino quién paga la diferencia.
