El Ministerio de Trabajo ha introducido un cambio estadístico que está generando una enorme polémica. Desde 2025 han desaparecido de las estadísticas públicas los demandantes de empleo fijos discontinuos que anteriormente aparecían identificados de forma específica dentro de los registros oficiales.
Los datos muestran que en 2024 había 687.884 fijos discontinuos registrados dentro de los demandantes de empleo no incluidos en las cifras oficiales de paro.
Sin embargo, en 2025 esa categoría desaparece de las estadísticas y deja de poder identificarse de manera separada. Al mismo tiempo aparece una nueva categoría denominada «ocupados del Régimen General y Autónomos» con 423.515 personas, mientras que otros grupos también experimentan importantes modificaciones metodológicas.
El resultado es que la comparación histórica se vuelve mucho más compleja y dificulta conocer con exactitud dónde han terminado contabilizados los trabajadores que anteriormente figuraban como fijos discontinuos. Lo relevante es que el número total de demandantes de empleo no incluidos en las cifras oficiales de paro sigue aumentando. En 2018 eran 1.292.453 personas.
En 2024 ascendían a 1.719.900. En 2025 alcanzan ya los 1.823.129 demandantes. Esto supone un incremento acumulado del 41,1% respecto a 2018.
El debate no gira únicamente alrededor de una categoría estadística. La cuestión de fondo es la transparencia. Cuando se modifica una serie histórica resulta fundamental que los ciudadanos puedan seguir identificando claramente los colectivos afectados para poder comparar correctamente la evolución del mercado laboral. Porque una estadística deja de ser útil cuando ya no permite comparar el presente con el pasado. Y cuando desaparecen categorías que durante años formaban parte de los informes oficiales, la transparencia debería aumentar, no reducirse.
