A cuentagotas, con más dolor que un parto y mucho miedo, empiezan a cantar los corruptos: el caso Plus Ultra se convierte en un thriller judicial
Con la misma lentitud con la que se abre una herida que no termina de cicatrizar, y con más dolor que si fuera un parto, los corruptos de este país van cantando a cuentagotas, entre el miedo a la cárcel y el cálculo de cuánto pueden salvar confesando a tiempo.
Lo que se conoce como caso Plus Ultra ha evolucionado de ser un incómodo secreto en la política española a convertirse en un verdadero thriller judicial lleno de personajes intrigantes: desde un expresidente hasta empresarios con apodos llamativos, pasando por sociedades establecidas en Dubái y un rescate de 53 millones de euros que sigue en el ojo del huracán.
Ahora, en el foco de atención se encuentra Julio Martínez Martínez, conocido como «Julito», el amigo alicantino de José Luis Rodríguez Zapatero, que el juez de la Audiencia Nacional ha identificado como testaferro y figura central de una supuesta red de cobro de comisiones relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Su declaración inminente, junto a la del presidente de la empresa, Julio Martínez Sola, podría suponer un giro decisivo: ambos tienen la intención de declarar ante el juez que Zapatero habría recibido pagos a cambio de facilitar la operación de auxilio público para la compañía de capital venezolano.
Levanta la liebre Jorge Calabrés en El Español.
Qué revelarán «Julito» y el presidente de Plus Ultra
De acuerdo con la información filtrada, «Julito» Martínez comunicará al juez José Luis Calama que fue utilizado como instrumento para canalizar las comisiones asociadas al rescate de Plus Ultra hacia Zapatero, mediante su entramado empresarial y la consultora Análisis Relevante. El presidente de la aerolínea, Martínez Sola, confirmará esta versión al detallar la relación de la compañía con las empresas de «Julito» y los pagos realizados en el marco de la ayuda de la SEPI.
Los investigadores y el juez ya disponían de un intrigante esquema financiero: Plus Ultra abonó cerca de 458.000 euros a «Julito» en un periodo de cinco años por asesoría y gestiones, principalmente relacionadas con Venezuela; la firma de «Julito», Análisis Relevante, transfirió posteriormente a Zapatero alrededor de 490.000 euros entre 2020 y 2025 por «consultorías globales» o de «estrategia»; y la empresa de sus hijas, What The Fav, recibió otros 239.000 euros de Análisis Relevante, además de otros pagos de entidades vinculadas a esta red.
La teoría del juez es contundente: estos pagos no son meros honorarios profesionales, sino comisiones derivadas de la influencia ejercida para beneficiar el rescate público de Plus Ultra. Lo novedoso es que ahora los propios directivos, junto al supuesto testaferro, están dispuestos a ratificar esta versión ante el magistrado. Empieza, en definitiva, el goteo de confesiones que tarde o temprano acaba llegando a todas las tramas de este tipo.
El rescate, la SEPI y las dudas sobre trato preferencial
En 2021, en medio de la pandemia, el Consejo de Ministros aprobó que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) otorgara a Plus Ultra una ayuda de 53 millones de euros como parte de un plan de apoyo a empresas consideradas «estratégicas». Desde su inicio, el rescate ha estado en el punto de mira, cuestionado tanto por su magnitud como por la fragilidad financiera de la aerolínea y sus conexiones con capital venezolano. El Partido Popular y otros sectores han argumentado que Plus Ultra no cumplía los requisitos de solvencia necesarios ni tenía la relevancia adecuada para el transporte aéreo en España, además de señalar que la operación estuvo marcada por «irregularidades» y la participación de una red de sociedades pantalla.
El juez Calama ha recogido esas preocupaciones y las ha convertido en acusaciones concretas por tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental, todo ello para obtener, mediante métodos que eluden los cauces legales, una ayuda pública millonaria. En el epicentro de esta trama sitúa a Zapatero, justo por debajo a «Julito» Martínez y a los directivos de Plus Ultra, siendo Manuel Aarón Fajardo, un empresario venezolano, el nexo entre el ámbito empresarial de la aerolínea y la esfera política.
La defensa de Zapatero: consultorías, sí; comisiones, no
Ante esta narrativa, Zapatero ofrece una versión diametralmente diferente. Ante el Senado y frente al juez, ha reiterado que nunca tuvo ningún tipo de relación con Plus Ultra, que no realizó gestiones ante el Gobierno de Pedro Sánchez y que no ha recibido comisiones relacionadas con el rescate.
El expresidente admite haber trabajado como consultor para Análisis Relevante desde 2020, percibiendo cerca de 70.000 euros anuales durante varios años, y sostiene que todo fue declarado a Hacienda y corresponde a trabajos de asesoría legítimos. También ha reconocido que sugirió que sus hijas participaran mediante su empresa de comunicación, pero desmiente cualquier vinculación con la aerolínea y con la sociedad en Dubái que el juez ha relacionado con un 1 % de comisión del rescate.
La discrepancia entre ambas versiones es uno de los aspectos más volátiles del debate político: para el juez y los informes de la UDEF, la coincidencia en el tiempo entre los pagos de Plus Ultra a «Julito» y lo que este pagó a Zapatero y a su entorno sugiere un circuito de comisiones; para Zapatero, en cambio, son ingresos profesionales válidos, desvinculados del rescate, y cualquier otra interpretación es «falsa de toda falsedad».
Implicaciones políticas: del pasado a la Moncloa actual
El hecho de que un expresidente socialista esté bajo investigación por tráfico de influencias a favor de una empresa rescatada por un gobierno del mismo partido genera efectos políticos inmediatos. El Gobierno de Sánchez ha defendido que la SEPI tomó la decisión del rescate con bases técnicas y que no hubo intervención política, mientras la oposición aprovecha cada avance judicial para reforzar la idea de una red de favores y puertas giratorias.
El caso llega, además, en un entorno ya tenso por otros escándalos relacionados con la gestión de los fondos públicos durante la pandemia. La posible confirmación de comisiones relacionadas con un rescate tan controvertido alimentaría las críticas hacia el deterioro de los controles administrativos y el predominio del amiguismo en decisiones de gran impacto económico. Si, por otro lado, la instrucción termina desarticulando las pistas contra Zapatero, la interpretación será muy distinta: se aludirá a la sobrepolitización de la justicia y a un uso partidista de filtraciones y sumarios.
Lo que puede cambiar con las nuevas declaraciones
Las comparecencias de «Julito» Martínez y del presidente de Plus Ultra son singulares porque podrían fortalecer la versión del juez respecto a la existencia de una comisión del 1 % del rescate, canalizada a través de una sociedad en Dubái y de Análisis Relevante; generar contradicciones con lo declarado anteriormente, lo que obligaría a nuevas diligencias e incluso a modificar las imputaciones; o abrir la posibilidad de acuerdos de colaboración por parte de alguno de los implicados, buscando beneficios penales, lo que complicaría mucho más la situación del expresidente.
En el sumario ya se encuentra un borrador de contrato, hallado en un registro a nombre de «Julito», que estipula que este percibiría el 1 % del rescate siempre que fuera aprobado por el Consejo de Ministros, documento que el juez pone en relación con directrices de Zapatero, algo que el expresidente niega rotundamente. La manera en que «Julito» explique la creación de dicho contrato y el verdadero papel de la aerolínea en su elaboración será crucial en estas nuevas sesiones.
Curiosidades de un caso que parece sacado de una serie
Más allá de la carga judicial, el caso Plus Ultra acumula elementos dignos de una trama de ficción: un empresario conocido como «Julito», habitual socio de un expresidente, que se convierte en supuesto testaferro con 38 sociedades instrumentales; celebraciones con ostras y champán tras la aprobación del rescate, según las investigaciones, como si los 53 millones fueran una suerte de lotería anticipada; una sociedad en Dubái y transferencias de unos 2 millones de euros que el juez atribuye a comisiones encubiertas, algo que Zapatero asegura no conocer; y una pequeña aerolínea, con capital venezolano, que se sitúa en el centro de la escena política nacional y de una investigación por blanqueo de capitales.
Si alguna vez se lleva a cabo una serie sobre la política española reciente, la trama de Plus Ultra competirá por su atractivo en giros argumentales inusuales: expresidentes imputados, rescates bajo la lupa y un «Julito» dispuesto a narrar con detalle cómo, según su versión, se movía el dinero entre bastidores del poder.
Y, mientras tanto, seguirá el goteo.
