Tras las protestas y la acampada ilegal en Sol, impulsadas por el nada independiente Sindicato de Inquilinas, el Gobierno, en un acto de eficacia inédita en estos ocho años de sanchismo, aprobó las medidas divididas en dos decretos —en lugar de uno, como sería habitual—, buscando que al menos uno fuese aprobado. Sin embargo, el bodrio es de tal nivel que Junts tiene complicado hasta abstenerse.
Y es que la inutilidad es tal que, de aprobarse los textos, perjudican por igual a los inquilinos que supuestamente buscan defender y, por otro lado, a los caseros. Hay que recordar que, pese a los bulos de Moncloa, Ferraz y sus terminales mediáticas, 9 de cada 10 propietarios son personas, pequeños tenedores, y no los malvados e impersonales fondos buitre que tanto gustan en el imaginario de la izquierda.
De aprobarse estos reales decretos, hará que los propietarios saquen sus viviendas del mercado, reduciendo la ínfima oferta existente que ya de por sí está en déficit, por lo que las personas tendrán menos opciones para alquilar una vivienda, lo que aumentará los precios y la competencia entre candidatos. Además, hará todavía más difícil que determinados perfiles «vulnerables» puedan firmar contratos, porque los dueños no les van a alquilar.
Los únicos que pueden frotarse las manos con estas mamarrachadas perpetradas por PSOE y Sumar son justamente los fondos buitre, que podrían adquirir esas viviendas que salen del mercado del alquiler y pasan al de la compraventa a precios más bajos porque el marco hace que, en la práctica, sean «inalquilables».
Según el Banco de España, nueve de cada diez pisos alquilados son de particulares, y tres de cada cuatro de ellos alquilan solo uno. Si el Congreso convalida mañana los dos decretos de vivienda, esto es lo que les ocurrirá. Cinco casos tipo, cada uno con su artículo.
1. Llevas…
— Daniel Arjona (@elarjonauta) October 1, 2026
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— Juan Ramón Rallo (@juanrallo) October 1, 2026
Ese miedo a que el casero no renueve el contrato de alquiler es el resultado directo, y previsible, de tratar con ligereza y sin pensar un tema tan complejo y serio como la vivienda.
Las personas, como es humano, tomamos las decisiones mezclando razón y emoción. Hay cálculo de…
— iuristóteles (@iuristoteles) October 1, 2026
Vivienda, desahucios y una batalla de relatos
El detonante inmediato de los decretos surgió a raíz de la indignación social provocada por el desahucio de Maricarmen Abascal, un caso que ha desencadenado movilizaciones y ha situado la emergencia habitacional en el centro de la agenda política. El Ejecutivo busca dar respuesta a una crisis que ha abonado durante ocho años de inacción y falta de Presupuestos mediante medidas que, pese a ser planteadas como de protección para las personas vulnerables y como disposiciones que regulan el alquiler, terminan siendo mecanismos que no ofrecen soluciones viables al no plantear suficientes garantías respecto a los derechos de los propietarios.
España tiene una oferta de vivienda limitada. El déficit es especialmente sangrante en las áreas con mayor demanda, con unos alquileres disparados y un parque público de viviendas insuficiente para hacer frente a la demanda.
Regular precios o aumentar la protección durante períodos determinados puede aliviar situaciones concretas, pero genera el efecto contrario si no se establecen compensaciones claras ni forman parte de un plan de Estado serio que resuelva los problemas estructurales.
Sánchez, en un gesto de populismo barato, plantea ahora resolver en dos decretos —redactados a toda prisa— un problema complejo que se ha acumulado durante años y al que no ha atendido desde que llegó al poder.
