El Partido Popular ha vetado la enmienda pactada entre PSOE y CiU a los Presupuestos Generales del Estado con la que el Gobierno diseñaba un mecanismo para aportar 80,1 millones de euros en 2011 a un grupo de sociedades concesionarias de autopistas de peaje que afrontan un riesgo de quiebra para compensarlas por la caída de tráfico que registran.
La portavoz adjunta ‘popular’ Fátima Báñez ha ejercido su derecho a vetar enmiendas transaccionada por otros grupos para evitar que se votara esta propuesta, que tenía como base la enmienda 756 de CiU y que fue presentada en el curso del debate por el ministro de Fomento, José Blanco.
Según Fomento, la aportación, que podría contar una segunda oportunidad en el trámite en el Senado, tendrá continuidad en los dos ejercicios siguientes (2012 y 2013), en cantidades que dependerán de la evolución de los tráficos en esos años, según el acuerdo alcanzado entre los grupos parlamentarios y que se incluirá vía enmienda en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011.
Las concesionarias en riesgo de quiebra y, por tanto, susceptibles de recibir parte de este importe son las de las autopistas radiales de Madrid, la que une la capital y el aeropuerto de Barajas, la Cartagena-Vera, la Madrid-Toledo, la circunvalación de Alicante y Ocaña-La Roda.
Globalvía (FCC y Caja Madrid), Acciona, Abertis, Itínere, ACS y Ferrovial son alguno de los grandes grupos constructores y de concesiones titulares de estas vías.
Horas antes del debate, Blanco agradeció la «cooperación» de todos los grupos parlamentarios para solucionar este problema con una «medida equilibrada». «Supone una ayuda limitada en el tiempo y que las empresas deberán devolver, y que evita un grave perjuicio para el Estado», según destacó durante su intervención en el Pleno del Congreso.
En este sentido, en fuentes del Ministerio compararon el «coste mínimo» que supone realizar esta aportación en comparación con los 3.731 millones de euros que costaría el Estado y al déficit asumir la gestión de estas autopistas en caso de que no se solventará su desequilibrio económico-financiero y quebraran.
Con este acuerdo el Gobierno buscaba solventar uno de los dos principales problemas que actualmente abocan a la quiebra a ocho sociedades concesionarias de autopistas de peaje, el de la caída de los tráficos.
El otro es el «desproporcionado» sobrecoste que las empresas concesionarias de las autopistas registraron (1.858 millones, frente a los 269 millones previstos) por las expropiaciones de los terrenos en los que se construyeron las autopistas, como consecuencia de la aplicación de la Ley del Suelo vigente entonces, la de 1998.
SUBIDA DE TARIFAS
Para solventar este impacto, los Presupuestos de 2011 ya incluyen una dotación de 250 millones de euros. Este monto se destinará a otorgar a estas mismas concesionarias créditos participativos para paliar dicho sobrecoste de expropiación y no aumentará, a pesar de las demandas de las concesionarias.
Así, en total, el Gobierno ‘prestará’ el próximo año a estas autopistas 330 millones de euros, que, a su vez, se elevan a 530 millones al sumar los 200 millones ya incluidos en los Presupuestos de 2010 también para créditos participativos.
