El consejo de administración de Caja Madrid, presidido por Rodrigo Rato, critica la «inyección brutal» a Bankia para que la sociedad incremente sus provisiones de forma notable, «a costa de fondos públicos» y «causando un grave perjuicio a los actuales accionistas».
Según fuentes próximas a Caja Madrid, en la última reunión del consejo de administración de la entidad, Rato explicó las líneas generales del plan de recapitalización de Bankia, basándose en un texto a modo de resumen redactado por su equipo.
Las mismas fuentes precisan que este documento, al no haber sido redactado por Rato, no tiene que ser necesariamente su opinión aunque fuera distribuido por él.
El texto, al que ha tenido acceso Efe, advierte de que la ayuda que recibirá el grupo que crearon Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas puede provocar unas «consecuencias muy negativas» para el resto del sector, que ahora tendrá una cobertura de su riesgo inmobiliario menor a la de Bankia.
El documento recuerda que Bankia ha pedido 22.000 millones al Estado, que con ajustes se quedan en 19.000 millones y que hacen que el grupo tenga prácticamente la mitad de sus préstamos inmobiliarios cubiertos, por encima del resto de sus competidores.
Todo esto gracias a la ingente cantidad de fondos, algo que es «magnífico» para el grupo, porque le permitirá cumplir con las nuevas exigencias de provisiones del Gobierno y tener además «múltiples y mullidos colchones para posibles pérdidas futuras».
Pero «desgraciadamente» se hace con cargo al Tesoro Público, demandando casi un 2 % del PIB español y causando un grave perjuicio a los actuales accionistas de Bankia, pues la millonaria ampliación que se llevará a cabo provocará una «enorme caída en la cotización».
Del dinero demandado por Bankia, 15.000 millones se destinarán a cubrir la cartera de créditos e inmuebles y le protegerán de las posibles pérdidas «futuras» derivadas de inversiones inmobiliarias excesivas realizadas en el «pasado», antes de que estallara la crisis y de que Rato llegara a la presidencia de la entidad.
Por eso el documento incide en que «resulta sorprendente que se quiera centrar en el consejo saliente de Bankia (que solo ha estado unos meses) una responsabilidad por unas posibles pérdidas futuras por unas inversiones crediticias inmobiliarias pasadas».
Además, otra punto del plan de saneamiento que se cuestiona en el texto son los 4.000 millones que pide Bankia para ajustar el valor de su cartera de empresas participadas, dando por hecho que la misma se tendrá que vender y que se hará a precios de mercado actuales, los más bajos en años. Las compañías sólo ajustan el valor de sus empresas participadas si las consideran un activo disponible para la venta.
Por último, el análisis de Caja Madrid sobre el plan de Bankia advierte de las consecuencias negativas para el resto del sector financiero, que se quedará con porcentajes de cobertura «muy inferiores» a los de Bankia.
En este sentido, algunos bancos temen ya que el saneamiento que pretende hacer Bankia sirva de ejemplo del que se verán obligados a hacer el resto de entidades, especialmente si las consultoras contratadas por el Gobierno detectan la necesidad de más provisiones.
