El Gobierno ha defendido este martes que la idea general del Acuerdo Transatlántico sobre comercio e inversión (conocido como TTIP en sus siglas en inglés) «no es la de desregular, sino la de aproximar regulaciones entre las partes».
En respuesta a una pregunta escrita formulada por el Grupo Parlamentario UPyD en el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo ha destacado además que este acuerdo «constituye una oportunidad para continuar profundizando en las relaciones económicas entre la UE y Estados Unidos». En este sentido, el Gobierno ha resaltado que no sólo está informado sobre las negociaciones que se están llevando a cabo para su aprobación, sino que «participa activamente defendiendo los intereses de España». Así, en relación a la armonización a la baja de normativas, ha recordado que el Mandato de Negociación establece que el futuro acuerdo «debe asegurar un nivel alto de protección de los consumidores, del medioambiente y derechos laborales». Por otro lado, respecto a las normas que permitirán a los inversores extranjeros recibir compensaciones por perjuicios causados por cambios normativos, el Ejecutivo ha señalado que las negociaciones sobre el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado están suspendidas temporalmente a la espera de que se conozcan los resultados de la consulta lanzada por la Comisión en julio. DEFIENDE LA TRANSPARENCIAAsimismo, ante las críticas de opacidad en las negociaciones que remarca UPyD, el Gobierno ha afirmado que «tiene la disposición absoluta a compartir toda la información disponible», siempre teniendo en cuenta las limitaciones de confidencialidad impuestas por la Comisión Europea.
Así, ha señalado que España, junto con la Comisión Europea y la Embajada de los Estados Unidos en España, ha puesto en marcha una campaña de información sobre las negociaciones del TTIP y ha creado una página web (http://uesp.es/ttip) donde se puede encontrar la información más relevante sobre el tema. Por último, ha subrayado que la Secretaría de Estado de Comercio se ha comprometido a mandar a las Cortes con regularidad un estadio de situación de las negociaciones, como ya hizo el día 7 de noviembre, tras la séptima ronda de negociación.
