El exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú, número dos de la entidad, ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de incluirle entre los obligados a prestar una fianza civil de 800 millones de euros por la salida a Bolsa del grupo porque esta medida podría ocasionarle la «destrucción irreversible» de su patrimonio personal y familiar.
Verdú es el segundo miembro del Consejo de Administración, después de José Luis Olivas, que recurre la caución solidaria que fue impuesta también a la propia entidad financiera, a su matriz el Banco Financiero de Ahorros (BFA) y a los exconsejeros Rodrigo Rato y Jose Manuel Fernández Norniella. En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Presss, advierte de que la ejecución de dicha medida le puede ocasionar «perjuicios de manifiesta imposible reparación», como supondría la «destrucción» irreversible de su patrimonio personal y familiar en caso de procederse a la traba de todos sus bienes y recursos. Por ello, solicita que se suspenda provisionalmente la ejecución de la medida cautelar hasta que se resuelvan los recursos. UNA MEDIDA INJUSTAA su juicio, resulta «absolutamente injusto, desproporcionado y en suma arbitrario» fijar una fianza sin individualizar las responsabilidades y exigirle a él, «recién incorporado» a Bankia en el momento de su debut bursátil, una cuantía «elevadísima» por aspectos ajenos a su gestión y que sin duda puede ocasionarle «gravísimos y totalmente injustificados» perjuicios.
Pone de relieve que el «principal» imputado es una entidad financiera de «reconocida solvencia», por lo cual no existe el más mínimo peligro de que se puedan incumplir las consecuencias económicas de una eventual sentencia condenatoria. En su opinión, no puede existir ningún indicio incriminatorio en su conducta puesto que apenas llevaba quince días en el cargo cuando se aprobó la salida a Bolsa de la entidad y él verificó unas cuentas que ya estaban «informadas favorablemente y sin salvedades» por el auditor externo o la CNMV. Apunta que «jamás» formó parte del Consejo de Administración de BFA y que era «absolutamente imposible» que pudiera tener el «menor» conocimiento de la irregularidad de las cuentas de Bankia y que, en consecuencia, siempre ha actuado con una «diligencia razonable». Por último, concluye que los perjudicados no han acreditado la existencia de un posible daño «irreparable» para sus intereses, por lo que, a su juicio, falta la premisa básica para poder acordar esta medida cautelar.
