Moral Santín: «Yo prefería tener despacho o vehículo pero me dieron una tarjeta black»

El ex vicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que hubiera preferido tener despacho, apoyo administrativo o técnico y poder disponer de un vehículo de la flota de la entidad, pero le dieron una ‘tarjeta black’, de la que podía disponer «libremente», sin aceptar justificantes de los gastos.

En su declaración judicial, a cuya grabación ha tenido acceso Europa Press, Moral Santín destacó que el entonces secretario general Angel Montero le comunicó que se trataba de una «institución consolidada» desde hacía años en la caja de ahorros y que podía destinar el plástico tanto a gastos relacionados con el ejercicio de su actividad, como otros de «carácter más personal».

Al ser preguntado por el juez por la extracción de una sola tacada de 300, 500 o 600 euros de los cajeros automáticos, Moral Santín reconoció que sacaba este dinero y lo concebía como «una remuneración de la que podía disponer libremente». «Tenía un flujo de recursos para reparar el automóvil. Tenía una gran dedicación a la caja como consejero y en la obra social y esto me obligaba a tener muchas reuniones con asociaciones, interlocutores institucionales…», añadió.

«No podía pasar ninguna factura ni la pasé nunca a la caja porque no me la aceptaban, entre otras cosas», continuó su exvicepresidente, para añadir que «hubiera preferido tener unos recursos normalizados». «Cuando nos dieron la tarjeta nos dijeron que no íbamos a tener despacho ni podíamos cargar ningún tipo de gasto de ninguna naturaleza, aunque fuera relacionada con la actividad de consejero».

«NO DUDE DE SU LEGALIDAD»

Moral Santín, a quien el juez fijó después una fianza civil de 610.000 euros, aseguró que no tuvo «ninguna duda sobre el sentido legal y legitimo» de la tarjeta porque se trataba de una de las primeras entidades del país, con unos «reputados y magníficos» profesionales.

«Actué con la convicción de que actué correctamente», precisó. Finalmente, subrayó que los consejeros no tenían competencias en la gestión de las ‘visa’ y que no era un gasto de empresa, sino un «rendimiento de trabajo». «En este sentido, efectivamente Caja Madrid tenía que retener y cumplir las exigencias tributarias de esas remuneraciones», concluyó.

UN ACUERDO CON HACIENDA

Varios de los imputados explican que nadie en Caja Madrid les advirtió de que estas tarjetas no tributaban y que tampoco dudaron de que la entidad actuara de manera irregular ante Hacienda. Algunos aseguran que preguntaron por este aspecto, pero que se les aseguró que la caja tenía un acuerdo con la Agencia Tributaria sobre las tarjetas. «Un acuerdo con las grandes corporaciones», precisa Jorge Gómez Moreno, vocal a propuesta del PSOE.

«Yo recibía el certificado (de retenciones anuales) y con eso liquidaba. Pensaba que estaban incluidas esas cantidades», asegura Luis Blasco, vocal por el PP, para dar idea de la confianza en la entidad y en sus responsables.

Antonio Romero, exsecretario de Organización del PSM, explica que ni siquiera lo preguntó por esa confianza, pero que otros consejeros sí pidieron información y como respuesta obtuvieron un ‘no te preocupes, se encarga la caja’. «Nunca pensé que en Caja Madrid se pudieran estar haciendo mal las cosas», afirmó el día de su declaración. «Hemos sido víctimas no sé si de un engaño o de una negligencia», añadió.

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