El PP quiere que el Gobierno central castigue a los ayuntamientos que no devuelvan en plazo los préstamos que se les han concedido para pagar a sus proveedores y que cualquier medida extraordinaria que se ponga en marcha para evitar la acumulación de facturas vaya acompañada de una estricta condicionalidad de acceso.
Así se recoge en las propuestas de resolución al ‘Informe de fiscalización de la efectividad de las medidas recogidas en el real decreto ley 8/2011, de 1 de julio, para el cumplimiento por las entidades locales de sus obligaciones comerciales’, que este martes se debatirán en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Según consta en dichas iniciativas, que recoge Europa Press, los ‘populares’ quieren que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dé «facilidades de acceso o prioridad en la participación» en cualquier ayuda o apoyo a los ayuntamientos que «aprueben regularmente las cuentas generales y las rindan en plazo al Tribunal de Cuentas». Además, en las medidas extraordinarias que se aprueben para facilitar el pago de proveedores a las entidades locales deberían precisarse con exactitud las condiciones a cumplir, en aras a alcanzar los objetivos perseguidos, y también las «penalidades o restricciones a imponer» a quienes no paguen los préstamos a su vencimiento. REFORMAR EL SISTEMA DE FINANCIACION. Estas propuestas se alejan, sin embargo, de lo que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y CiU consideran necesario, ya que ambos grupos parlamentarios reclaman al Gobierno que revise el sistema de financiación local en su conjunto para garantizar que la suficiencia financiera de los ayuntamientos a la hora de prestar los servicios de los que son responsables, evitando así la necesidad de poner en marcha planes extraordinarios que no solucionan el fondo del problema. Un diagnóstico parecido al que el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Alvarez de Miranda, describió al presentar este informe a las Cortes, cuando afirmó que el actual sistema de financiación municipal es «insuficiente» y que el Parlamento y el Gobierno deberían «replanteárselo», porque el 13% de participación en los tributos del Estado que corresponde a los ayuntamientos es prácticamente el mismo porcentaje que al inicio del periodo democrático. Por su parte, el PSOE se limita a hacer suyo el informe del Tribunal de Cuentas, que hace referencia a un plan puesto en marcha en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, y sus recomendaciones. El PP añade a sus propuestas de resolución que las entidades locales deben «ajustar su gestión financiera» para conseguir los ahorros suficientes para pagar sus préstamos sin afectar a su equilibro presupuestario y anotar en su contabilidad todos los gastos y deudas con proveedores desde el momento en que se producen. POCOS AYUNTAMIENTOS BENEFICIARIOS. Según el informe del organismo fiscalizador, las duras condiciones impuestas en el decreto ley de pago a proveedores analizado hicieron que sólo 1.029 entidades se acogieran, por un importe de 967,7 millones de euros, de los que el 90% fueron para quince ayuntamientos y el 19,5% acabó en manos de grandes empresas, uniones temporales de empresas y gestoras de grandes obras municipales con las que las administraciones tenían importantes deudas, ya que no se articuló ningún mecanismo para que los pagos atendieran prioritariamente a pymes y autónomos. Es más, hasta el 14% del importe total se acabó pagando directamente a las entidades bancarias que habían anticipado los recursos financieros, sin que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ofreciera entonces «directamente a los proveedores» mayor liquidez. Así, el Tribunal cree que el programa «contribuyó a solucionar ciertas tensiones de tesorería a corto plazo aunque exigía asumir compromisos de difícil cumplimiento a medio y largo plazo», lo que no contribuyó a atenuar la morosidad en las entidades locales. Además, al no exigirse a los ayuntamientos un plan de saneamiento no se vieron obligados a adoptar una «mayor disciplina presupuestaria», lo que llevó a que gran parte tuviera que repetir al año siguiente. De hecho, aunque el 36% de las entidades que se acogieron a la medida no abonaron las cantidades en plazo al ICO, sólo 171 sufrieron retenciones en sus participaciones en los ingresos del Estado, porque ya tenían cantidades comprometidas por otras deudas con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social. Así, a 31 de enero de 214 no se habían recuperado todavía los importes correspondientes a 202 entidades locales. El Tribunal de Cuentas critica asimismo que la gestión de la carga financiera de este programa de pago a proveedores se trasladó a las corporaciones surgidas tras las elecciones municipales de 2011, «lo que supone una excepción frente al régimen general, en el que cualquier operación de endeudamiento de las entidades locales que no tenga por finalidad financiar inversiones debe quedar cancelada antes de la renovación de la Corporación».
