El 94% de los municipios españoles tendría un grado de inversión, según S&P

El 94% de los municipios españoles contaría con un perfil crediticio individual dentro del grado de inversión, según la agencia Standard & Poor’s, que por primera vez ha estimado la solvencia de un total de 7.346 municipios de España, aproximadamente el 90% de los existentes, en función de la información pública correspondiente al periodo 2011-2013.

En concreto, un 75% de los ayuntamientos contaría con un perfil crediticio en la categoría ‘a’ y un 20% con ‘bbb’, mientras un 3% caería a la categoría ‘bb’ y un 2% en la ‘b’, por debajo del grado de inversión en los dos últimos casos.

La calificadora de riesgos señala que no se aprecian diferencias sustanciales en la solvencia municipal por razones de población y revela que las seis grandes ciudades españolas, aquellas que superan el medio millón de habitantes, cuentan con un perfil crediticio dentro del grado inversor.

Por su parte, el 75% de los municipios de entre 20.000 y 500.000 habitantes tendría un grado ‘a’, un 3% ‘aa’ y un 19% ‘bbb’, mientras que el 3% de esta categoría quedaría fuera del grado inversor.

En el caso de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, un 74% tendría un grado inversor ‘a’ y un 21% ‘bbb’, mientras que un 5% estaría fuera del grado inversor con perfiles ‘bb’ y ‘b’.

No obstante, S&P aprecia diferencias en la distribución de los perfiles crediticios individuales en función de las comunidades autónomas, con niveles menos elevados en Andalucía, Murcia, Extremadura, Valencia y Castilla La Mancha.

Este perfil crediticio individual (SACP por sus siglas en inglés) no es un rating, sino una medida de la calidad de crédito intrínseca que expresa únicamente el perfil de crédito individual de la entidad dado el marco institucional en el que opera y por eso puede estar por encima de la calificación del emisor soberano, aunque al incorporar los riesgos asociados al riesgo soberano se iguala al rating a largo plazo del Reino de España.

FUERTE SOLVENCIA.

S&P destaca que los ayuntamientos españoles han estabilizado sus métricas presupuestarias y de deuda tras el deterioro sufrido desde el inicio de la crisis y subraya que las reformas introducidas por el Gobierno central en los últimos años ayudarán a preservar el equilibrio presupuestario durante el horizonte analizado (2014-2016).

«En nuestra opinión, la solvencia de los municipios españoles tenderá a fortalecerse en los próximos dos años, porque creemos que los cambios normativos en materia de estabilidad presupuestaria y erradicación de la morosidad se están mostrando efectivos», señala la agencia.

De hecho, S&P considera que los municipios españoles y el resto de entidades locales serán el único nivel de la administración pública que contribuya con superávits a la reducción del déficit público en el período 2015-2016.

Así, la agencia destaca que los municipios constituyen el nivel de gobierno con una mayor proporción de ingresos no ligados al ciclo económico, destacando el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), así como el impuesto sobre vehículos.

De este modo, los impuestos basados en variables ajenas al ciclo representan de media el 35% de los ingresos corrientes, mientras que la agencia calcula que en el caso de las comunidades autónomas este tipo de impuestos representan entre el 4% y el 5% de los ingresos corrientes.

RIESGOS.

No obstante, S&P advierte de la existencia de riesgos que podrían socavar la solvencia global de los ayuntamientos españoles, incluyendo una relajación en los procesos de estabilización presupuestaria de los municipios.

«En nuestra opinión, esto dependerá de la cultura crediticia de los nuevos gobiernos resultantes de las elecciones municipales de mayo de 2015», apunta la agencia.

Desde el lado de los ingresos, la calificadora de riesgos advierte del riesgo que podría representar una contracción del crecimiento económico en España, aunque subraya que ve este escenario improbable.

Asimismo, S&P cree que los ingresos de los ayuntamientos también podrían verse mermados en caso de que el Gobierno central decidiera demorar el traslado de la mejora de la economía a los ayuntamientos vía una infra-presupuestación de las entregas a cuenta del sistema de financiación municipal.

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