La Audiencia Nacional ha confirmado la fianza de 279.000 euros impuesta al exconsejero socialista de Caja Madrid José María de la Riva al entender que de su «sola manifestación» no puede desprenderse que los gastos en gasolineras, hoteles y regalos efectuados con su ‘tarjeta black’ estén vinculados «sistemáticamente» al ejercicio de su cargo, puesto que no ha aportado «un mínimo de prueba» sobre su justificación.
Así consta en un auto dictado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal que confirma la decisión adoptada por el juez instructor, Fernando Andreu, al entender que no se trata de una caución «indiscriminada» sino que es «acorde a los gastos calificados de injustificados» en la causa en la que se investigan los gastos por valor de 15,5 millones de euros cargados a las ‘tarjetas B’. De la Riva, a quien se investiga por un desembolso de 208.900 euros, negó haber cargado en su tarjeta gastos «personales, propios e indiscriminados», no reconoció algunas de las operaciones que se le atribuyen y cuestionó otros conceptos por coincidir el mismo día, minutos y segundos en establecimientos diferentes. A este respecto, los magistrados responden que «de su sola manifestación no se puede extraer que la sucesión de expensas para respostar, colaciones, hoteles y regalos se vinculen sistemáticamente a reuniones del consejo de Administración» y que «estaría en su mano» acreditar y ofrecer «un mínimo de prueba» sobre qué comidas concretas, desplazamientos o agasajos se asociaban a un acto de representación. ERRORES EN LOS HORARIOSEn cuanto a los gastos incompatibles en el tiempo o por coincidencia, el auto se hace eco del informe del Ministerio Fiscal que «podrán ser desvirtuados como errores» en atención a las explicaciones del director de la auditoría interna de Bankia, Iñaki Azaola, que indicó que «las compras en los comercios que operan off line no se registran en tiempo real». «Durante la instrucción podrá ser acreditado el desfase horario desvaneciendo el error que predica la parte y, en consecuencia, en contra de su tesis actual», añaden.
«En síntesis, las justificaciones que ofreció en su declaración carecen de toda lógica», resumen los magistrados, para desestimar su recurso por la «disparidad de las informaciones suministradas por los coimputados respecto a la naturaleza de los gastos de representación y el conjunto de las declaraciones testificales». El exconcejal del PSOE manifestó en su declaración judicial que el entonces secretario del Consejo de Administración, Enrique de la Torre, le manifestó que había un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para que la entidad tributara los gastos, que él no tenía ropa al uso como profesor de Instituto y que su cargo como consejero en la que era la cuarta entidad financiera del país le ocasionaba este tipo de gastos.
