Exconsejero de CCOO pide el «protocolo» de las ‘black’ para probar que «seguían directrices» de Caja Madrid

El exconsejero de Caja Madrid propuesto por CC.OO. Francisco Baquero Noriega ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que requiera a Bankia los justificantes de los cargos o disposiciones de efectivo realizados con las ‘tarjetas black’, así como el procedimiento de recogida y archivo de esos resguardos para «probar» que sus usuarios no se «saltaron ni infringieron ninguna normativa por cuanto su actuación siguió las directrices de la entidad».

Así figura en el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, que su defensa ha presentado al auto del magistrado que desestimaba la práctica de esta diligencia porque ya había recabado la certificación de los cargos imputados a las tarjetas opacas al fisco, a las que se cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros desde 1999 hasta 2012.

El exsindicalista, a quien se atribuye un desembolso cercano a los 261.000 euros con la ‘visa black’, constata que existe «confusión» en el tratamiento de las tarjetas utilizadas por los consejeros y solicita que Bankia aporte esta información, junto con la norma que tipifique los cargos autorizados y la «prueba de que dicho protocolo fue notificado por escrito y de forma fehaciente» a cada de uno de los miembros del consejo de administración y de la comisión de control a los que se entregó la tarjeta entre 1988 y 2001.

«NO SE HAN SALTADO NINGUNA NORMA»

Baquero defiende que esta diligencia afecta a su derecho de defensa, puesto que se le culpa de usar la ‘visa’ sin autorización. Sin embargo, advierte de que la disposición de las tarjetas fue autorizada por «el presidente y el consejo, así como reflejada en acuerdos y actas, sin que se haya saltado ni infringido ninguna norma por cuanto su actuación siguió las directrices de la entidad».

A su juicio, la decisión de denegar esta prueba vulnera «clara y decisivamente» su derecho de defensa, previsto en el artículo 24.2 de la Constitución y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que cita «a los efectos oportunos». «Por más que el instructor se haya hecho una idea preconcebida de los hechos, no puede denegar a la defensa la posibilidad de solicitar a la causa otros elementos de valoración que vengan al caso y que se refiera a los hechos investigados», concluye.

Baquero ya había rechazado en otro recurso los conceptos que se le atribuyen por contener «errores» y no descontarse aquellos movimientos que «se reconocen como lícitos» al ser gastos de representación y compensación.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 imputó a 78 antiguos miembros del consejo de administración y exdirectivos de Caja Madrid, entre ellos los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato o el ex director financiero Ildefonso Sánchez Barcoj.

Andreu archivó en abril pasado la causa contra catorce exdirectivos porque estaba prescrita y en mayo sobreseyó el caso de otros doce exdirectivos, entre ellos el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, al entender que no puede atribuírseles un delito de administración desleal como a los exmiembros del Consejo de Administración y del Comité de Control, que aprobaron la concesión de los plásticos. A estos doce, les mantuvo como partícipes a título lucrativo del delito presuntamente cometido por los administradores.

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