El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interrogará el próximo martes en calidad de imputado al exministro socialista Antoni Asunción por delitos de administración fraudulenta, estafa y apropiación indebida que habría podido cometer al vender una participación de su piscifactoría Acuigroup Maremar al Banco de Valencia.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha llamado a declarar al que fuera ministro del Interior (1993-1994), a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. El miércoles, escuchará en calidad de imputado a quien fuera su socio, el expresidente de la Fundación del Valencia CF Társilo Piles. El juez Pedraz investiga en esta pieza separada del ‘caso Banco de Valencia’ la operación por la que la entidad financiera entró en la mercantil administrada por Asunción y Piles, quienes fundaron esta sociedad dedicada a la cría de dorada y de lubina en 1999. El Consejo de Administración de Banco de Valencia aprobó el 22 de junio de 2007 adquirir el 20% de la piscifactoría a través de su filial Inversiones Valencia Capital Riesgo (IV SCR), que más tarde incrementaría su participación en el accionariado hasta el 68% en 2010. Según el informe del Banco de España que obra en la causa, la entrada en el capital de Acuigroup Maremar se condicionaba a la elaboración de una revisión contable. Un informe del 12 de junio de 2006 mencionaba la «inexistencia» de la contabilidad de ese ejercicio y no se pronunciaba sobre las existencias –principal partida del balance–, pero no consta que se trasladara ese documento a los consejeros de las entidades compradoras. «La entidad, según la propuesta de inversión del departamento de participadas de fecha del 22 de junio de 2007, consideró que la empresa valía 30 millones de euros y desembolsó seis millones, de los cuales la mitad se pagó en una ampliación de capital y los restantes se pagaron a los anteriores socios, que, no obstante, mantuvieron la mayoría en el Consejo de Administración y el control de la gestión». IMPAGO GENERALIZADOEn julio de 2010, Acuigroup Maremar atravesaba una situación de «impago generalizado» de sus deudas y el Banco de Valencia obtuvo en el mes de octubre «evidencias de la manipulación contable de las existencias». Por ello, encargó un informe jurídico que concluyó en mayo de 2011 que podían iniciar una «acción social de responsabilidad por parte de los antiguos administradores».
El Banco de Valencia perdió además garantías personales ya que otorgó un crédito de 11 millones de euros a la piscifactoría en julio de 2011, que se sumarían a los seis millones desembolsados en la toma de participación. Un informe de la auditora Deloitte arrojó ese mismo mes que «había un desfase en las existencias de entre 25 y 30 millones de euros». En septiembre de 2013, Caixabank, tras comprar Banco de Valencia, anunció un acuerdo por el cual vendía el negocio fundado por Asunción y Piles a la familia Cooke, dedicada a negocios de acuicultura en Norte América y Chile. Acuigroup Maremar había solicitado el concurso de acreedores tras verse inmersa en una crisis de liquidez provocada, entre otros factores, por la bajada del precio de sus productos en el mercado. Asunción fue responsable de Interior bajo el Gobierno de Felipe González desde noviembre de 1993 hasta mayo de 1994, un cargo que abandonó tras asumir la responsabilidad política por la fuga del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldan, que finalmente fue condenado a 30 años de prisión por apropiarse de 10 millones de euros mediante operaciones ilegales en el proceso de contratación de obras de construcción y rehabilitación de cuarteles de la Benemérita. QUERELLAS DEL FROB POR LA GESTION DE BANCO DE VALENCIAPedraz investiga a Asunción en una de las numerosas piezas abiertas sobre posibles irregularidades en la gestión del Banco de Valencia. En concreto, el FROB presentó querellas por una operación urbanística de la sociedad participada Nou Litoral para la construcción de una urbanización; la financiación conferida a la inmobiliaria Metrovacesa; la compra de dos edificios al empresario mallorquín Bartolomé Cursach; y otras tres macrooperaciones urbanísticas financiadas por la entidad.
El fondo de rescate también se querelló por la compraventa de participaciones de la sociedad Inversiones Financiera Agval en 2008, la adquisición de acciones de la sociedad Costa Bellver; la concesión de financiación a favor de la sociedad Capital Residencial y la financiación del grupo inmobiliario Salvador. Entre los imputados en estas piezas por la comisión de delitos de administración desleal, apropiación indebida y otros, se encuentran altos directivos del banco como su expresidente José Luis Olivas, su exconsejero delegado Domingo Parra y el ex director general de Bancaja Aurelio Izquierdo. También están imputados el expresidente del Valencia C.F. Juan Bautista Soler, varios integrantes de la familia Calabuig, y distintos empresarios de la construcción. El Banco de Valencia, que fue adjudicado a CaixaBank por un euro en noviembre de 2012, tuvo que ser intervenido en octubre de 2011 por la situación financiera en la que se encontraba. Su Consejo de Administración fue sustituido por un administrador provisional nombrado por el FROB, que inyectó en la entidad cerca de 2.000 millones de euros y le otorgó un aval de 1.500 millones de euros.
