El PSOE teme que la ley de liberalización del comercio aprobada en 2012 fuera una «excusa» para «colar por la puerta de atrás», mediante una disposición adicional, una «amnistía fiscal para los grandes defraudadores», por lo que pide al Gobierno que haga una evaluación de sus efectos.
Los ponentes socialistas en dicho proyecto de ley, Puerto Gallego y Félix Lavilla, han registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para conocer los efectos sobre el comercio minorista de una normativa que consideran «carente de toda justificación ética y política, más si cabe tras saber en este tiempo la relación entre los implicados en la financiación irregular del PP y su acogimiento a la amnistía fiscal». «Es necesario evaluar si su aplicación ha sido positiva para el impulso y la dinamización de la actividad comercial minorista o si, por el contrario, sirvió de excusa para colar por la puerta de atrás, en una disposición adicional, la amnistía fiscal para los grandes defraudadores», señalan los representantes socialistas, que critican la falta de datos para saber si la ley ha beneficiado al sector o a la recuperación económica de las pymes. DOS AÑOS Y MEDIO SIN EVALUACIONAsí, dos y años y medio después de su entrada en vigor, el principal partido de la oposición reclama una evaluación de esta normativa, y advierte de que contrastará con el sector del comercio minorista las respuestas del Ejecutivo sobre los efectos de esta ley.
«Es necesario conocer la evaluación que hace el Gobierno del impulso y la dinamización de la actividad comercial minorista y cómo se ha ido desarrollando en las diferentes comunidades autónomas, así como la relación que ha existido entre el Gobierno y las entidades locales a la hora de elaborar ordenanzas tipo en materia de control e intervención municipal», añaden los diputados. Igualmente, preguntan sobre la previsión de evolución a futuro que hace el Ejecutivo para este sector, la repercusión que ha tenido la declaración responsable tras cambiar la superficie que se puede acoger a esta posibilidad, la valoración de los mecanismos de control, el estado en que se encuentra la ventanilla única o el efecto de las medidas de lucha contra la morosidad que incluye el proyecto.
