Los dos proyectos de ley que permitirán publicar el listado de defraudadores condenados en firme y morosos con la hacienda pública seguirán su tramitación parlamentaria tras rechazar el Pleno del Congreso las enmiendas de totalidad presentadas por el PSOE gracias a los votos del PP.
Tras un largo debate de más de tres horas, los ‘populares’ han conseguido sumar los apoyos de UPN y Foro Asturias, frente al rechazo del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y gran parte del Grupo Mixto a ambas leyes. UPyD, PNV y Uniò (UDC) han optado por la abstención en el caso de la reforma de la Ley General Tributaria, mientras sus exsocios convergentes apoyaban dicha enmienda, aunque han votado abstención juntos y con los nacionalistas vascos a la enmienda a la ley de publicación de sentencias. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido que los principales objetivos de estos proyectos son «potenciar la lucha contra el fraude, reforzar la seguridad jurídica de los contribuyentes y de la Administración, y reducir los litigios» en materia tributaria. «POR FIN PODEMOS BAJAR IMPUESTOS»Unos objetivos que ponen la guinda a cuatro años de reformas para, primero, «estabilizar las finanzas públicas» mediante una subida de impuestos «limitada en el tiempo y profundamente equitativa» con la que recuperar la capacidad recaudatoria perdida durante la legislatura pasada; y, después, «estimular de forma selectiva» la economía y la creación de empleo.
«Y ahora por fin podemos empezar a bajar los impuestos, porque la economía lo permite e incluso lo pide para seguir estimulando el crecimiento y la creación de empleo», se ha congratulado defendiendo en varias ocasiones que todas las medidas tributarias que se han adoptado estos años buscan un «sistema cada vez más justo y equitativo para ser un país cada vez más solidario y comprometido». Ahora ha llegado la hora de «intensificar la lucha contra el fraude» para garantizar la sostenibilidad del Estado del Bienestar y asegurar que «todos sin excepción pagan lo que les corresponde para que a todos nos corresponda pagar menos». «El fraude a la hacienda pública es una lacra social, más grave cuanto más extendida está y más condenable cuanto más poder adquisitivo o notoriedad tienen los defraudadores», ha añadido Montoro. Por eso, el Ministerio seguirá actuando contra los defraudadores «como hasta ahora: sin que importe quiénes son, su filiación política o su relevancia social», pero contando con nuevos instrumentos como la posibilidad de publicar en el BOE las sentencias en firme de defraudadores fiscales en ciertas condiciones, o el nuevo listado de morosos con la hacienda pública que comenzará a funcionar el 31 de julio. Unas medidas que «no son un fin en sí mismo» porque «el objetivo no es someter al escarnio público a nadie como si fuera una venganza o una moderna picota», sino que persiguen «incentivar el pago voluntario de deudas e impuestos» y desincentivar el fraude. «A partir de ahora quedan advertidos de que si tienen deudas y no las pagan en plazo o son condenados por delito fiscal su falta será conocida por todos, quedará al desnudo, expuesta para recibir el reproche social», ha añadido, mostrándose convencido de que parte de los efectos disuasorios de la norma han surtido efecto con su mero anuncio. NO COMO EL PSOE NI COMO GRECIAMontoro ha dedicado gran parte de su intervención a marcar las diferencias entre las políticas y los resultados del actual Ejecutivo y la situación en que el PSOE dejó el país o incluso la crisis que atraviesa Grecia.
Así, ha acusado a los socialistas de no haber utilizado los instrumentos tributarios para luchar contra la crisis en sus primeros años y contrarrestar la pérdida de recaudación, permitiendo que muchas grandes empresas tributaran a menos del 3% o incluso al 0% por Sociedades, mientras practicaba una «política de desmesurado aumento del gasto». «Aquellas recetas nos empujaban a una deriva similar a la de otras economías de la periferia de Europa. Es evidente que España no es Grecia, pero por la forma de actuar de anteriores gobernantes pudimos llegar a serlo. Es cierto que en España también ha habido que hacer sacrificios pero la política social se ha mantenido y los sacrificios de ayer son las oportunidades de hoy y de mañana», ha insistido, instando a la oposición a pensar en las «colas bajo el sol que soportan los pensionistas griegos» delante de los bancos antes de volver a criticar la política económica del PP. SIN AMNISTIA FISCALSin embargo, el portavoz socialista de Hacienda, Pedro Saura, ha defendido los vetos a los dos proyectos por no incluir la publicación de los beneficiarios de la ‘amnistía fiscal’. «No quiere que se sepan los nombres de los amnistiados, pero se van a conocer porque un Gobierno socialista los va a publicar», ha añadido, calificando de «clasista» el eximir de salir en el listado a quienes puedan pagar su deuda tras ser condenados.
En un duro rifirrafe con el ministro, Saura también ha acusado al Gobierno de practicar una reforma fiscal que beneficia al 1% de los contribuyentes más ricos por encima que a los 14 millones de los de menor renta, que seguirán pagando más impuestos que al inicio de la legislatura y sufren en mayor medida, además, los recortes de estos tres años y medio. Igualmente, ha advertido de que bajar impuestos ahora, con la deuda disparada y el déficit en cifras demasiado elevadas, es «irresponsable» y ha acusado al Gobierno de «aprovechar la crisis» para dejar el estado del bienestar «en mínimos». Montoro, por su parte, ha reprochado a los socialistas que se hayan «opuesto a todas y cada una de las iniciativas del Gobierno», y ha reprochado a Saura sus «falsedades» sobre la presión fiscal. «Ningún contribuyente va a pagar más impuestos con el Gobierno del PP de los que pagaba con el PSOE», ha llegado a afirmar, acudiendo a los datos de recaudación para defender su política de lucha contra el fraude. APOYO CON MATICESJoan Coscubiela, de la Izquierda Plural, ha recriminado a Montoro que «saque pecho» cuando sus resultados no son para ello sobre todo en materia de pobreza o desigualdad, y cuando la bajada de impuestos anunciada dificultará mantener los servicios públicos. Y ha defendido la «dignidad» mostrada por el Gobierno griego, recomendando a España que apoye una reestructuración de su deuda porque también beneficiaría a la consolidación fiscal en nuestro país.
Además, ha criticado que estas leyes llegan «en el periodo de descuento» de la legislatura, lo que demuestra que la lucha contra el fraude «no ha sido prioridad» del Gobierno; y que son «insuficientes» ya que «dan un tratamiento de clase al defraudador, castigándolo sólo si no es suficientemente rico como para pagar sus deudas». «Es una barbaridad», ha añadido. Por UPyD, Rafael Calduch cree que «no se puede perseguir el fraude a toda costa», afectando por ejemplo a la unidad de mercado o dificultando la seguridad jurídica y el cumplimiento de los contribuyentes. Asimismo, coincide en que hace falta una «reprobación social» del fraude y por eso defiende publicar el nombre de quienes pagan su deuda aunque indicando ese extremo. Inmaculada Riera (CDC) critica el «trato que se da al contribuyente que paga» con esta ley, que les priva de «una capacidad racional de autodefensa». Mientras que el diputado de UDC Toni Picó valora los efectos disuasorios de estas leyes pero considera que se debería dejar en manos del juez la decisión de publicar o no el nombre de un moroso o defraudador en función de sus circunstancias. Finalmente, el ‘popular’ Fernando López Amor cree que las normas son un «indudable acierto» que da mayor capacidad para perseguir el fraude, mientras que Ana Madrazo ha dicho que al PSOE «se le ve el plumero de la demagogia y el populismo» cuando «piden transparencia y votan contra» estos proyectos. «Puro teatro», ha zanjado.
