La familia Cierco, propietaria del 75% de las acciones de Banca Privada de Andorra (BPA), ha presentado una demanda ante la sección administrativa del Tribunal de Batlles de Andorra que impugna el plan de resolución de la entidad aprobado por la Agencia estatal de Resolución de Entidades Bancarias (Areb), su valoración económica y la constitución del banco puente Vall Banc.
Así, los hermanos Higini y Ramon Cierco consideran que el hecho de que no se haya publicado íntegramente el plan resolutorio ni haya trascendido cómo se ha calculado el valor de BPA deja en «indefensión a los legítimos propietarios» del banco, ha informado la familia Cierco en un comunicado este jueves. La demanda sostiene que el plan resolutorio aprobado el 11 de junio se ha conocido a través de los acuerdos que la Areb publicó el 22 de julio en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, si bien «no ha sido nunca notificado a los accionistas ni siquiera se ha publicado íntegramente en ninguna parte, por lo que se desconoce su contenido». VALORACION ECONOMICA. En cuanto a la valoración económica de BPA, cifrada en un valor negativo de 103,1 millones de euros y un valor liquidativo, también negativo, de 374,4 millones, los accionistas mayoritarios consideran «imposible» que en tres meses –la valoración se hace con datos obtenidos a 31 de mayo– el banco se haya desvalorizado tanto, ya que, añaden, sólo sería posible si se hubiera actuado con dolo o negligencia grave. La familia Cierco ha argumentado que de la información facilitada por la Areb «a los medios de comunicación y no a los accionistas» se extrae que se ha valorado a cero la filial española de Banco Madrid, cuando su administrador concursal asume en la liquidación de esta entidad un superávit de 42,8 millones de euros, ha apuntado. Asimismo, «parece ser que la Areb habría procedido a aprovisionar el 100% todas las operaciones crediticias otorgadas a accionistas, entidades participadas por accionistas y directivos de la entidad, como si estos últimos se encontraran finalmente en la imposibilidad material de devolver ni un céntimo de euro de sus créditos, lo que no se ajusta a la realidad». También ha añadido que se desconoce cuál es el valor otorgado a los activos fijos de BPA, y cita como ejemplo que el edificio donde está situado Banco Madrid es propiedad de la matriz andorrana. «VULNERACION» DE LA CONSTITUCION. «La falta de información, la opacidad, la ocultación y la ausencia de notificaciones a los propietarios del banco vulneran diferentes preceptos legales, incluso constitucionales, y afectan directamente el derecho a la defensa de los accionistas de BPA», ha defendido. Por ello, ha sostenido que «no es concebible y supone una desconsideración y desprecio absoluto» que no se les integre de alguna manera en al capital social de Vall Banc al ser accionistas mayoritarios, por lo que se ha impugnado la creación de este banco puente al que se transferirán los activos y pasivos líticos de BPA. La familia Cierco ha recordado que está ultimando una demanda por daños y prejuicios contra el Estado «en el convencimiento de que ha habido un comportamiento culposo de la administración en todo el caso BPA».
