El gasto del Estado aumentó un 19,1% entre 2011 y 2013, sobre todo por el rescate y las ayudas a las CC.AA.

El gasto total del Estado aumentó un 19,1% entre 2011 y 2013, principalmente por el rescate financiero y las ayudas a las comunidades autónomas y para el pago de proveedores, según se desprende de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2013, presentada por el Tribunal de Cuentas.

En dicho documento, consultado por Europa Press, se señala que la evolución de la ejecución presupuestaria durante el periodo 2011 a 2013 recoge un incremento del gasto total del 19,1%, equivalente a 68.238 millones de euros, que corresponde «en su práctica totalidad» al ejercicio 2012, cuando se gastaron 67.611 de esos millones adicionales.

Una evolución que contrasta con la disminución experimentada en el presupuesto de «la mayoría de las políticas de gasto», que se vio «neutralizado fundamentalmente» por el aumento en 42.130 millones de euros de las obligaciones por activos financieros imputables al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y al Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.

Junto a esto, el aumento por cuantía de 30.975 millones de euros de las obligaciones de la deuda pública y el incremento neto de 10.536 millones de euros en la partida de pensiones terminan de explicar esta evolución del gasto del Estado.

En cuanto a los ingresos, entre 2011 y 2013 se produjo un incremento neto de los derechos reconocidos por operaciones no financieras por valor de 4.936 millones (2%), sobre todo por los aumentos en los capítulos de tasas y precios públicos (4.057 millones) y de transferencias corrientes (2.985 millones), que neutralizaron la caída de 1.615 millones en los ingresos derivados de impuestos indirectos y cotizaciones sociales.

SUBEN LOS GASTOS APLAZADOS EN EL TIEMPO

Con respecto al año fiscalizado, el Tribunal apunta que se dejaron de contraer obligaciones presupuestarias por gastos del ejercicio por un importe agregado de 3.849 millones de euros, adelantándose al mismo tiempo gastos por importe de 8.774 millones de euros correspondientes a ejercicios pasados.

Esto supone que el Estado contaba a final de año con 938.851 millones de euros comprometidos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores, la gran mayoría (893.915 millones) derivados de la deuda del Estado. Una cifra global superior en un 9,6% (81.977 millones) a la de 2012, sobre todo por el incremento de las amortizaciones de capitales y retribuciones de capital, que se ‘comieron’ el ahorro de 5.963 millones de euros aplicado en las inversiones.

En este punto, el Tribunal de Cuentas señala que existen compromisos de gasto aplazados a ejercicios posteriores que «no han sido registrados contablemente» por valor de 111 millones y que algunos organismos autónomos estatales y otros organismos públicos presentaron irregularidades en esta materia y además plantearon gastos con un horizonte de pago superior a los cuatro ejercicios permitidos legalmente y por un importe superior al autorizado.

Así las cosas, el presupuesto de 2013 se ejecutó al 93,7% –un punto más que en el año anterior–, dejando un remanente de 31.515 millones de euros, correspondiente sobre todo a créditos por transferencias y activos financieros. En este capítulo merece especial mención la ejecución del programa de asistencia financiera europea para la recapitalización bancaria, por valor de 18.667 millones.

Con carácter general, el 28,8% de los 424.604 millones de euros de gastos netos reconocidos en 2013 se destinó a pensiones, el 23,9% a deuda pública, el 11,2% a transferencias a otras administraciones, el 7,1% a desempleo, el 6,2% a servicios de carácter general y el 5,9% a la administración financiera y tributaria.

MAS INGRESOS DE LOS PREVISTOS

En el ámbito de los ingresos financieros, se reconocieron 18.896 millones de euros de derechos más de los previstos, una sexta parte (3.144 millones) por la extinción del fondo apoyo a Grecia. Otros 7.215 millones se derivan de las amortizaciones y enajenaciones de activos financieros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. De hecho, en 2013 el Tribunal de Cuentas reconoce dos disposiciones de la llamada ‘hucha de las pensiones’ por valor de 11.648 millones, lo que dejó el fondo en 52.539 millones a finales del ejercicio.

Por contra, los ingresos no financieros fueron inferiores a los previstos en 7.450 millones fundamentalmente por una desviación de 9.226 millones de euros en los impuestos directos y cotizaciones sociales y de 2.881 millones en los impuestos indirectos, bajadas contrarrestadas en parte por los 4.583 millones recaudados de más por la vía de tasas y precios públicos.

Con estas desviaciones, los derechos de ingresos reconocidos netos en 2013 ascendieron a 420.847 millones de euros –excluidas las operaciones comerciales–, tras aplicarse 382 millones correspondientes a excesos de años posteriores imputados a 2013 y por 1.905 millones derivados de defectos y excesos de ejercicios anteriores.

DEUDAS CON HACIENDA

En cuanto a las deudas a cobrar de la Administración General del Estado, el organismo fiscalizador las cuantifica a finales de 2013 en 61.890 millones de euros tras incluir un deterioro de los deudores estimado en 24.480 millones, de los que el 99,88% corresponden a los riesgos de insolvencia de deudas tributarias.

Igualmente, a 31 de diciembre de 2013 quedaban pendientes de cancelar 182.520 millones de euros en avales sobre todo a entidades de crédito, a la Sareb, al FROB, al sistema eléctrico y a la Facilidad Europea de Estabilización Financiera. En esa cifra se incluyen los 51.876 millones de nuevos avales concedidos ese año.

Por su parte, sólo la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) recoge en sus cuentas una deuda de 4.242 millones de euros de la Administración General del Estado por los «defectos de la financiación afectada». Una cantidad que, según el Tribunal de Cuentas, está sobrevalorada en 96 millones de euros.

No obstante, en 2013 se avanzó en el equilibrio entre los gastos de las Entidades del Sistema de Seguridad Social financiados por el Estado y el ritmo de las aportaciones para su cobertura, con lo que el déficit de financiación estatal bajó en 2.299 millones de euros (76,3%).

Pese a todo, el organismo presidido por Alvarez de Miranda considera que «existen algunos gastos financiables por el Estado que, dada su antigüedad y que no se han registrado operaciones en los últimos ejercicios, deberían ser objeto de análisis para proceder a su liquidación definitiva». En concreto, menciona la cancelación de la deuda de la Administración General del Estado con la Seguridad Social por tres préstamos de 3.372 millones de euros concedidos y las exenciones en el pago de cuotas del Régimen Especial Agrario.

ASPECTOS FORMALES

Con respecto a los aspectos formales, el Tribunal de Cuentas señala que de las 159 entidades del sector publico administrativo que se incluyen en este documento, 27 no incluyeron sus datos en la Cuenta General pese a representar unos compromisos de gasto de 1.984 millones de euros.

Además, sólo el 66,2% de las entidades rindieron sus cuenta en plazo, un porcentaje inferior al del año anterior, cuando hasta el 80,8% de las entidades cumplieron con su obligación en tiempo y forma.

En estas circunstancias, el Tribunal recomienda seguir avanzando en la «rigurosa» presupuestación y uso de los remanentes de Tesorería, en una «ajustada» política de transferencias entre el Estado y los organismos autónomos, y en la subsanación de las deficiencias mencionadas. Y pide también medidas legislativas para reducir los plazos de presentación de la Cuenta General, valorando no obstante que la aprobación de esta declaración se produce «significativamente» antes de lo que es habitual.

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