Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una enmienda parcial al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 con la que propone crear una renta mínima garantizada de una cuantía mínima equivalente a la pensión no contributiva y que vaya aumentando en función del número de personas que vivan en el mismo hogar.
La formación explica en una nota de prensa que su intención es que el Ejecutivo apruebe, durante el primer trimestre del año, esta renta mínima, a la que tendrán derecho los ciudadanos que no perciban rentas del trabajo por cuenta propia o ajena, con la intención de que puedan cubrir las «necesidades básicas para la subsistencia». De hecho, la coalición considera que el cobro de esta renta mínima debe ser un «derecho subjetivo», de modo que cualquier ciudadano pueda reclamar su cumplimiento por la vía administrativa o judicial. CUANTIAS MAXIMASIU concreta en el texto de su enmienda los límites de esta nueva renta. Así, quien viva solo podrá cobrar una cuantía similar a la de la pensión no contributiva vigente en cada momento, en caso de convivir dos personas el límite será el resultado de multiplicar dicha cantidad por 1,23.
Si tres personas habitan en el mismo núcleo familiar el límite será el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado actualmente en 532,51 euros mensuales, mientras que para hogares con cuatro o más miembros conviviendo, el límite de la renta mínima garantizada sería el resultado de multiplicar el IPREM por 1,23. «Estos límites constituirán el importe máximo de la Renta Mínima Garantizada. El importe de la prestación concedida completará hasta esa cantidad cualquier otra renta o ingreso por prestaciones percibidas. Este sistema complementará las prestaciones ya vigentes en diferentes comunidades autónomas. En ningún caso la Renta Mínima Garantizada sustituirá a dichas prestaciones», precisa IU. Junto con la ayuda económica, la formación de izquierdas reclama que los beneficiarios tengan derecho a acceder a un programa de inserción profesional, laboral y/o social para facilitar su incorporación al mercado de trabajo, con una jornada al menos del 80% de la jornada ordinaria del sector y una remuneración mínima equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI). GESTION AUTONOMICAFinalmente, la coalición propone que sea el Estado el que financie íntegramente esta renta mínima con cargo a los Presupuestos, pero que las comunidades autónomas se encarguen de su gestión con la participación de las entidades locales.
Además, deja la puerta abierta a que las administraciones territoriales puedan establecer mecanismos complementarios de ayuda para los perceptores de la Renta Mínima Garantizada, «siempre que dichas ayudas lo sean en especie».
