CDC quiere que el INE publique anualmente el poder adquisitivo regional para corregir «inequidades»

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir que el Instituto Nacional de Estadística (INE) incluya en su programa anual la publicación de las paridades de poder adquisitivo (PPA) de cada comunidad autónoma, es decir, de un índice que clarifique cuánto cuestan los mismos bienes o servicios en función de la región, en aras a corregir «inequidades» en políticas públicas como las de pensiones o becas.

En la iniciativa, que recoge Europa Press, los nacionalistas catalanes defienden que «lo fundamental de una renta no es su valor nominal sino su capacidad de compra», ya que los precios varían sustancialmente entre países pero también entre comunidades autónomas, lo que supone que con el mismo dinero no se puedan adquirir los mismos bienes y servicios en todas partes.

De hecho, Eurostat difunde desde el año 1995 las PPA de los estados de la Unión Europea y, más recientemente, de la zona euro, como método para poder realizar «comparaciones homogéneas» entre países. Además, la normativa comunitaria recomienda a los 28 que calculen estos índices a nivel regional, algo que ya hacen estados como Reino Unido, Alemania o Italia.

EN ESPAÑA YA NO SE HACE.

Sin embargo, en España sólo la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) llevaba a cabo esta tarea, aunque hace unos años eliminó esta estadística, que sólo se mantiene en el ámbito de Cataluña gracias al Idescat.

Y ello a pesar de que «existen profundas diferencias» entre territorios, que según «recientes estudios» –que menciona sin precisar CDC– llegaban al 43% en 2012, lo que supone que lo que en la región más barata costaba 1.000 euros en la más cara podía llegar a suponer 1.430 euros.

«En el caso de Cataluña, la paridad en 2012 era de 1,35 con la comunidad con los precios más bajos. Es decir, que para una cesta de la compra de 1.000 euros (en la comunidad más barata) en Cataluña harían falta 1.350 euros», insisten los convergentes, que consideran que «ignorar estas diferencias en el coste de la vida significa que, bajo una pátina de igualdad monetaria, se están ignorando grandes discriminaciones entre los ciudadanos».

PRESTACIONES Y SERVICIOS.

Algo que afecta a asuntos tan importantes como las prestaciones no contributivas, el coste de servicios públicos como las residencias de la tercera edad o las plazas de guardería, el umbral de acceso a las becas, el umbral de la pobreza a partir del cual se puede optar a determinadas ayudas sociales o los tramos del IRPF, entre otros.

«No tiene sentido que la Administración central no tenga en cuenta las diferencias de capacidad de compra de una misma renta en un territorio u otro ni las grandes diferencias territoriales existentes en el coste de la vida. Eso perjudica significativamente a los habitantes de los territorios donde los precios son más caros», insiste CDC.

Por eso, la formación defiende la necesidad de «avanzar en el cálculo sistemático de las paridades de poder adquisitivo por comunidades autónomas dentro del plan estadístico del INE», que debería incluir este asunto en su programación anual como «instrumento estadístico para corregir las inequidades de las políticas públicas».

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