El presidente de Cepyme y vicepresidente primero de CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este viernes en Santander que el resultado de las elecciones generales será «determinante» para las perspectivas económicas, y ha destacado que la estabilidad política es indispensable para consolidar la recuperación, por lo que ha apelado a la «responsabilidad» para «no quebrar la tendencia».
«Si tiene que haber alternancia que la haya, pero con responsabilidad, porque nos la estamos jugando», ha advertido. Garamendi ha asegurado que en el exterior «preocupa la inestabilidad política» y el proceso catalán, y ha subrayado que para conseguir una recuperación económica «sólida y duradera», las empresas españolas deben ser «rentables» y el país «estable». Para que las empresas ganen en competitividad ha reclamado «mantener la moderación salarial» –en su opinión el poder adquisitivo de los trabajadores está aumentando–; una reducción de costes y especialmente de la presión fiscal sobre las pymes; profundizar en las reformas, combatir la morosidad y avanzar en la simplificación de trámites administrativos y en la armonización de la normativa autonómica. Sobre la estabilidad, ha defendido que el «momento político exige responsabilidad». «Pase lo que pase (el 20D), el que esté llamado a dirigir los destinos del país, lo que tiene que hacer es dar estabilidad; y estabilidad es que lo que se ha hecho bien, se siga con ello», ha apostillado. Garamendi ha realizado estas afirmaciones en el Foro Económico de El Diario Montañés, donde ha afirmado que «hay cosas que se están haciendo bien, y sería una pena que esa tendencia se quebrara». En este sentido, ha opinado que España ha pasado de ser «el patito feo de Europa a pasear por Europa», y ha destacado que es el país que más va a crecer y ha pasado del sexto lugar al segundo en exportaciones. SALARIOS E IMPUESTOS. El vicepresidente de CEOE se ha mostrado partidario de mantener la moderación salarial «para que el esfuerzo competitivo de las empresas se traduzca en más empleo y bienestar». Y ha defendido que aunque el incremento salarial pactado en convenios está de media en el 0,78%, los trabajadores están ganando un 1,5% de poder adquisitivo por la deflación. También ha reclamado una rebaja de la presión fiscal sobre los márgenes empresariales de las pymes, que a su juicio soportan «una carga excesiva», algo que no ha corregido –ha dicho– la reforma fiscal de este año. Y ha pedido un sistema fiscal que no penalice la inversión en formación, innovación y calidad. Así, ha criticado que las pymes paguen el mismo tipo en el impuesto de sociedades que las grandes empresas y ha pedido su rebaja del 25 al 15%. Además, ha advertido que el impuesto de sucesiones y el de patrimonio «limitan y desincentivan la inversión y la creación de empleo» porque «penalizan el ahorro». Por otro, lado, el presidente de Cepyme ha recalcado que las empresas necesitan financiación para poder afrontar proyectos nuevos de expansión. Según ha explicado, la financiación bancaria «está llegando, aunque partimos de niveles muy reducidos», y su destino principal es apoyar la actividad diaria de las empresas, algo que en su opinión es consecuencia de la elevada tasa de morosidad, favorecida por un sistema judicial «lento y costoso». Para combatirla ha propuesto penalizar en los concursos públicos a las empresas que tarden en pagar más de 60 días. Garamendi ha insistido en que las pymes «van a ser claves» para consolidar el proceso de recuperación en marcha, porque representan el 99,8% del tejido empresarial del país, generan el 75% del empleo y el 64% del valor añadido bruto. Ha añadido que las pymes han sido «las más damnificadas» estos años, porque fueron «las primeras en ser expulsadas de la fiesta cuando llegó la crisis y las últimas» en notar los efectos de la recuperación. Según ha señalado, durante la crisis han desaparecido 900.000 empresas. Para 2015 se espera un aumento de las ventas del 2,5%, pero el 43% de las pymes todavía está en pérdidas y el 75% aún está «compensando pérdidas». Según ha señalado, con una previsión de crecimiento de más del tres por ciento para 2015, el empleo podría crecer en la misma proporción, lo que se traduciría en medio millón de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Para Garamendi, ello va a depender de que se siga avanzando en las reformas, en la reducción de costes y en la simplificación administrativa. Sobre la reforma de las administraciones públicas, ha opinado que «queda mucho por hacer», y que con la mayoría absoluta que ha tenido el PP en Madrid y en buena parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, «se ha perdido una oportunidad de oro para atacar este problema».
