El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá que imputar 1.500 millones extra al déficit de 2015 por contratos de Cataluña y el Ayuntamiento de Zaragoza del año 2013, aunque sigue confiando en alcanzar el objetivo del 4,2% pactado con Bruselas.
Según explica Hacienda, el pasado 29 de septiembre España envió a Eurostat y a la Comisión Europea los datos definitivos de las cuentas de las Administraciones Públicas del ejercicio 2013, así como los provisionales de 2014. En los datos de 2013 se registraron inversiones públicas de diversos contratos de colaboración público privada firmados en años anteriores por Cataluña y el Ayuntamiento de Zaragoza y de los que Hacienda no tuvo conocimiento hasta el presente ejercicio. Tal y como se había hecho otros años, estos gastos se imputaron al ejercicio 2013, último año en el que no se habían cerrado los datos definitivos de contabilidad nacional, con independencia de los ejercicios en los que se produjeron. En el caso de Cataluña el aumento del gasto en 2013 era de 1.318 millones, derivado de inversiones en carreteras y centros penitenciarios, mientras que el incremento del gasto en el Ayuntamiento de Zaragoza se debía a la construcción del tranvía por importe de 200 millones. En el proceso habitual de intercambio de información, las autoridades estadísticas españolas y Eurostat concluyeron que resultaba «más idóneo» imputar estos gastos al ejercicio 2015, ya que no ha sido hasta este año cuando las Administraciones Públicas responsables han revelado su existencia. Esto hace que la necesidad de financiación y la deuda de las Administraciones Públicas del año 2013 sea 1.518 millones inferior a la publicada el pasado mes de septiembre y que, en cambio, esa cantidad se impute al ejercicio del año 2015. LOS DATOS NO AFECTAN A LOS OBJETIVOS DE DEFICITLa imputación de estos gastos en 2015 podría elevar en una décima y media el objetivo de déficit pactado con Bruselas, pero Hacienda asegura que los datos continúan suponiendo el cumplimiento de los compromisos de estos años.
Ante esta situación, el Comité Técnico de Cuentas Nacionales contrastará la información dada por todas las administraciones para determinar si hay casos similares y abrirá las actuaciones de investigación que considere oportunas.
