La Comisión Europea ha dado el primer paso para evaluar si hace falta reforzar el poder sancionador de las autoridades nacionales de competencia contra empresas que incumplan la normativa antimonopolio de la UE con el lanzamiento de una consulta pública, para recabar la opinión del público general y partes interesadas al respecto de aquí al 12 de febrero.
La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, quiere consultar si hacen falta en concreto propuestas normativas a nivel de la UE para reforzar la capacidad de sancionar y detectar violaciones de las normas de competencia europeas y hay que mejorar sus programas para incentivar a las empresas a denunciar carteles y para salvaguardar la independencia de las autoridades nacionales de competencia a la hora de hacer cumplir la normativa europea, además de garantizar que cuentan con suficientes recursos y personal para hacer su trabajo. El Ejecutivo comunitario es consciente de que algunas autoridades de competencia se enfrentan a dificultades potenciales en lo que a su poder de investigación respecta. Por ejemplo, en algunos países no pueden recabar pruebas almacenadas en dispositivos digitales como portátiles o tables cuando inspeccionan locales de empresas sospechosas de participar en un cartel. En otros casos se enfrentan a dificultades para imponer multas por prácticas anticompetitivas porque algunas autoridades de competencia nacional no pueden multar a las empresas durante todo el periodo en el que participaron en un cartel. Vestager ha explicado que el Ejecutivo comunitario se encuentra en proceso de evaluar si se puede «mejorar más la caja de herramientas de las autoridades nacionales de competencia» tras recordar su papel «clave» para hacer cumplir las normas junto con la Comisión Europea durante más de una década y cuya colaboración ha hecho ha permitido una aplicación «más eficaz y exhaustiva». «Queremos escuchar los puntos de vista de todos aquellos interesaos para encontrar la mejor vía adelante», ha explicado, al tiempo que ha defendido que «las normas antimonopolio de la UE sirven a los ciudadanos y las empresas europeas contribuyendo a las condiciones adecuadas para el crecimiento económico». Las autoridades nacionales de competencia asumieron un papel clave para garantizar la aplicación de las normas europeas para impedir prácticas de competencia restrictivas o el abuso de posición dominante en el mercado de empresas, garantizando un marco equitativo en el mercado único europeo, en virtud de un reglamento de 2003, que entró en vigor un año después. Aunque ello ha permitido aplicar las normas a una escalda que no hubiera logrado por sí sola, el Ejecutivo comunitario considera que hay «margen para la mejora» dado que la normativa de 2003 no definió los medios e instrumentos de las autoridades nacionales de competencia para aplicar las normas de competencia de la UE e identificó en 2014 «un número de áreas concretas» para reforzar los poderes de las autoridades de competencia nacionales y atajar las diferencias entre los sistemas nacionales.
