El Ministerio de Justicia ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el formulario necesario para solicitar el concurso de acreedores personal y poder así acceder a la llamada Segunda Oportunidad, que el Gobierno reguló por decreto el pasado mes de febrero y que entró en vigor de forma definitiva mediante una ley en julio.
Este formulario es necesario, según la legislación vigente, para que los deudores de buena fe que no superen los 5 millones de euros de deuda puedan solicitar que se les aplique un procedimiento similar al del concurso empresarial con el que, tras una negociación con sus acreedores y, en caso de que no haya acuerdo, una resolución judicial, se liquide su patrimonio para saldar las deudas y quedar exonerado, en caso de cumplir los requisitos, de las cuantías restantes. Según explica Justicia en la orden ministerial, con este formulario normalizado se «facilitará el acceso» a dicho procedimiento y su «mejor desenvolvimiento, al concentrar la información relevante que se necesitará, al tiempo que se refuerza la seguridad jurídica». IDENTIFICACION E INVENTARIOEl formulario, que empezará a funcionar dentro de 20 días, recoge en primer lugar la declaración formal del solicitante de que se cumplen los requisitos previstos en la Ley de Segunda Oportunidad y que la estimación inicial del pasivo no supera los 5 millones de euros.
A continuación, solicita datos de identificación del solicitante y de su cónyuge en caso de estar casado en régimen distinto del de separación de bienes, así como información relativa a la vivienda familiar o a las personas a cargo o a quienes se deban satisfacer alimentos. Además, se pregunta sobre la concurrencia de ciertas condiciones de la insolvencia para saber si es actual o inminente, y si se debe a situaciones de desempleo, sobreendeudamiento, pérdidas empresariales, aumento de gastos o costes financieros, o morosidad de los clientes, entre otras. Igualmente, se pide una primera estimación del importe global de las deudas y de los bienes y derechos, así como una relación de todos los ingresos y las propiedades y activos financieros, mobiliarios e inmobiliarios. También se pide una lista de acreedores con sus datos identificativos y las cuantías adeudadas o garantías. Este formulario debe acompañarse, entre otros documentos, de un certificado de penales para saber si se ha sido condenado en firme por delito contra el patrimonio, el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en la década anterior, y también se reclama información sobre el punto en el que se encuentra la negociación extrajudicial con los acreedores. «Toda esta información permitirá un tratamiento más adecuado de la situación de insolvencia de la persona que inicia el procedimiento, favoreciendo el desarrollo y buen fin de los acuerdos extrajudiciales de pago», explica el Ministerio de Justicia en una nota de prensa.
