El Servicio de Mediación de Auditores cuenta con más de 100 mediadores inscritos en España

El Servicio de Mediación de Auditores (SMAS), creado hace un año por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) como institución de mediación civil y mercantil, cuenta con más de 100 mediadores inscritos en España, a través del Registro de Mediadores e
Instituciones de Mediación (RMIM).

Según ha señalado el ICJCE en una nota de prensa, la mediación es un proceso de resolución de controversias alternativo al proceso judicial, a través del cual dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención del mediador.

«Es un proceso más ágil y económico que el judicial y crea un espacio para la comunicación, el diálogo y el consenso», ha señalado el presidente de la Comisión del SMAS, Carlos Izquierdo.

Para el ICJCE, los auditores como mediadores, además de saber ser independientes e imparciales respecto a las partes, neutrales respecto al conflicto marco y estar sujetos a la más estricta confidencialidad, aportan su amplia cultura en el ámbito empresarial y en la resolución de estas disputas mercantiles, fomentando el diálogo y la comunicación para ayudar en la resolución de las contiendas que subyacen al problema.

El ICJCE se encarga, a través del SMAS, de la designación del mediador o mediadores. Los miembros del SMAS tienen que reunir ser ejercientes o ejercientes por cuenta ajena en el ICJCE, estar inscritos en la sección primera del RMIM, del Ministerio de Justicia, habiendo acreditado la titulación, formación y póliza de seguro vigente que cubra la mediación, y cumplan los requisitos de la Corporación para el ejercicio profesional.

Según Izquierdo, son muy pocas las controversias que se someten a la mediación, excepto los conflictos familiares.» Acudir a la mediación exige un cambio cultural importante para el carácter mediterráneo que sólo puede conseguirse con un gran esfuerzo de difusión y el apoyo de las instituciones», ha señalado.

Por este motivo, los auditores consideran «necesario» incentivar a los potenciales usuarios, bien como se ha hecho en Italia estableciendo la mediación como trámite obligatorio previo al proceso judicial o, como en Francia, obligando a justificar en la demanda las actuaciones realizadas para lograr el acuerdo extrajudicial.

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