El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que desestime el recurso interpuesto contra su procesamiento por el exconsejero de Caja Madrid Rubén Tomás Cruz, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide tres años de prisión por cargar 233.763 euros a su tarjeta ‘black’, por los «sólidos indicios» de criminalidad que hay contra él.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el FROB explica que el auto en el que el magistrado le proponía juzgar junto a otros 66 exdirectivos, entre ellos los presidentes de Caja Madrid y Bankia Miguel Blesa y Rodrigo Rato, «colmaba sobradamente la exigencia de fijación de hechos y personas que pudieran expresamente ser responsables». Este organismo público, dependiente del Ministerio de Economía, sostiene que Cruz no ha sufrido ninguna «merma» en su derecho de defensa y ha declarado con todas las garantías en un procedimiento en el que hay «sólidos indicios» contra él. «El recurrente, en su condición de miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid utilizó y dispuso de tarjeta de crédito mediante la que obtuvo fondos que utilizó para la satisfacción de gastos personales y ajenos a la función desempeñada en dichos órganos, que no cabe caracterizar como gastos de representación o empresa», añade. El FROB señala que las ‘visa’ no tenían como cobertura ningún soporte contractual, legal o estatutario y añade que su «opacidad» ha quedado acreditada ante los auditores externos y la autoridad supervisora, permitiendo la «obtención de importantes de cantidades por las que no pagaban impuestos». UN RECURSO, NO ES UN ESCRITO DE DEFENSADicho esto, recuerda que el recurrente tiene «intacta» su presunción de inocencia y podrá hacer uso en el juicio de las pruebas de descargo oportunas para defenderse. «Lo que es inviable es convertir el recurso contra el auto de transformación en un modo de anticipación del escrito de defensa», ha concluido.
El juez dictó el pasado 23 de diciembre un auto en el que transformaba las actuaciones en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, para concluir la investigación y proponer sentar en el banquillo a 66 antiguos representantes de Bankia y Caja Madrid por utilizar las ‘tarjetas black’, que fueron emitidas «sin respaldo contractual alguno» y usadas para «gastos personales y propios», que ascendieron entre 1999 y 2012 a un total de 15,5 millones de euros. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 que los hechos podrían ser constitutivos del delito de administración desleal, en el caso de los imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades (órganos que aprobaron el uso de los plásticos), y de apropiación indebida en el del resto de directivos que los utilizaron.
