El Ministerio de Economía ha rechazado la petición del Defensor del Pueblo de integrar a la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) en el convenio por el que se constituyó el Fondo Social de Vivienda, al entender que el llamado ‘banco malo’ no es un instrumento de política de vivienda, sino financiero.
La intención de la institución que encabeza Soledad Becerril era que el Ministerio de Economía modificara el convenio del Fondo Social deVivienda para que Sareb pudiera aportar parte de su ‘stock’ inmobiliario para viviendas sociales. El Defensor del Pueblo defendía que el objeto social de Sareb es «la tenencia, gestión y administración directa o indirecta, adquisición y enajenación de los activos y, en su caso, pasivos, que le sean transmitidos por las entidades de crédito» y entendía que eso no era impedimento para que la sociedad desarrollara otras actividades de carácter social. Pese a todo, Sareb afirmaba que su encuadramiento no tiene cabida dentro del Fondo tal y como está configurado, razón por la que el Defensor del Pueblo pidió al Ministerio de Economía y Competitividad la modificación del convenio. «La sugerencia de su inclusión en el Fondo se hizo por la importancia de la Sareb en el mercado inmobiliario, en tanto que es propietaria de miles de viviendas en toda España, al mismo nivel que las entidades bancarias firmantes del convenio», subraya el Defensor del Pueblo en su informe anual. SAREB, UN INSTRUMENTO FINANCIERO
Sin embargo, el departamento que dirige Luis de Guindos rechazó la solicitud de la institución al entender que Sareb es un instrumento financiero, no de la política de vivienda. Ante esta respuesta, el Defensor del Pueblo dio por cerradas sus actuaciones.
El Fondo Social de Vivienda nació en enero de 2013 con 5.891 viviendas aportadas por 33 entidades firmantes de un convenio que también rubricaron los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Fomento, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales) y las patronales bancarias. Precisamente, el acuerdo firmado ayer entre el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, incluye en el apartado de medidas contra el sobreendeudamiento y los desahucios la posibilidad de poner en marcha de manera «urgente» de un programa de alquiler social mediante un acuerdo con Sareb y otras entidades financieras propietarias de viviendas vacías.
