UE y Canadá incluyen un sistema de protección de inversiones similar al del TTIP en su acuerdo comercial

La Unión Europea y Canadá han completado la revisión legal del acuerdo comercial y económico que alcanzaron a finales de 2014, conocido como CETA, en el que han incluido un nuevo sistema de resolución de conflictos entre inversores y Estados similar a la propuesta que la UE ha presentado a Estados Unidos en las negociaciones del TTIP.

«Tras la revisión legal del texto, el acuerdo alcanzado ahora va incluso más lejos. Todos los principales elementos del nuevo enfoque de la UE sobre inversión, como incluye en la propuesta de la Unión en el TTIP y en el recientemente concluido acuerdo comercial con Vietnam, han sido recogidas en el texto finalizado del CETA», asegura un comunicado del Ejecutivo comunitario.

En concreto, el CETA establece un Tribunal permanente de quince miembros que serán competentes para atender las quejas ante posibles violaciones de los estándares de protección de inversiones del acuerdo. Estos miembros serán nombrados por la UE y Canadá y se les exigirá una alta cualificación y la ausencia de «reproches éticos». Así, cada caso particular será tratado por grupos formados por tres de estos miembros.

Además, el Ejecutivo comunitario ha afirmado que el acuerdo incluye un nuevo artículo que garantiza que el derecho a regular está «totalmente asegurado» y que las disposiciones para la protección de inversiones no deben ser interpretadas como un compromiso de los gobiernos para que los marcos legales permanezcan inalterados.

«Esto clarifica que una medida que pueda afectar a una inversión o a las expectativas de beneficios de un inversor no es incompatible con el acuerdo por esta única razón», explica la Comisión Europea.

Asimismo, la UE y Canadá se han comprometido para trabajar para establecer un tribunal permanente y multilateral sobre inversiones que sustituya el mecanismo bilateral que está recogido en el acuerdo.

Por otro lado, el acuerdo actualizado entre ambas partes especifica la entrada en vigor del tribunal de apelación, que ya estaba previsto en el pacto original.

CRITICAS DESDE LA IZQUIERDA

El grupo parlamentario en la Eurocámara Izquierda Unitaria Europea (GUE) ha reaccionado al nuevo sistema de resolución de disputas Inversor-Estado y, aunque reconoce que incluye elementos que hacen al mecanismo más transparente, asegura que los principales elementos del antiguo sistema de arbitraje de diferencias (ISDS en sus siglas en inglés).

«Los principios básicos permanecen: las compañías pueden demandar a los Gobiernos si ven amenazadas sus previsiones de beneficios por una nueva ley y, para este fin, ofrecen una senda legal paralela a través de un tribunal que no está vinculado por ninguno de los sistemas legales y constitucionales de los 29 Estados que participan en el CETA», ha criticado el eurodiputado Helmut Scholz, coordinador de política comercial de la formación en un comunicado.

En contra, Bruselas defiende que el nuevo tribunal representa una «clara ruptura» con respecto al enfoque del ISDS y «demuestra la determinación compartida de la UE y Canadá para reemplazar el actual sistema ISDS por un nuevo mecanismo de disputas que se mueva hacia establecer un tribunal multilateral permanente».

«Estoy muy contenta con esto», ha asegurado en rueda de prensa la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, quien ha subrayado que este acuerdo es un símbolo que muestra que es posible cooperar y escuchar las preocupaciones de la sociedad. Así, ha destacado que el CETA es un «buen acuerdo» que ofrece a las firmas europeas mejores condiciones de negocio y un mayor acceso a la contratación pública, entre otras cuestiones.

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