El Gobierno español en funciones ha celebrado este jueves la firma del acuerdo entre el Gobierno de Argentina y varios fondos de inversión estadounidenses para la cancelación de deuda soberana y ha expresado su deseo de que se aplique «a la mayor brevedad».
«La firma del acuerdo es un importante paso para restaurar la posición del país en los mercados financieros globales y para incrementar la confianza de los agentes económicos», opina en un comunicado el Ministerio español de Asuntos Exteriores y de Cooperación. El Ejecutivo español ha reiterado en la misma nota su respaldo a la labor del Gobierno argentino dirigida a alcanzar la estabilización macroeconómica y a estimular el crecimiento. En este sentido, España «mantiene su firme deseo de profundizar, en esta nueva etapa, las intensas relaciones» con Argentina, concluye el comunicado. En virtud del acuerdo, el Estado argentino se compromete a pagar a los fondos de inversión estadounidenses Elliot Management, Davidson Kempner, Aurelio Capital y Bracebridge Capital 4.653 millones de dólares, que representan el 75 por ciento de lo que pedían en todas las causas judiciales, entre el principal, los intereses y los «gastos». El acuerdo está sujeto a la aprobación del Congreso argentino y a la derogación de las leyes ‘cerrojo’ y de ‘pago soberano». Después, Argentina acudirá a los mercados internacionales en busca de financiación para estos pagos sin que estos cuatro ‘holdouts’ puedan interferir. Este principio de acuerdo, sumado a los alcanzados en las últimas semanas con otros bonistas, resolvería el 85 por ciento de las reclamaciones de los «fondos buitre». «Es un gran paso adelante en este litigio de larga duración, pero no el paso final», ha subrayado. «FONDOS BUITRE»El país suramericano incurrió en 2002 en una cesación de pagos de unos 100.000 millones de dólares, deuda que se reestructuró en su mayor parte pagando menos de 30 centavos por cada dólar a los acreedores en 2005 y 2010.
Una minoría de bonistas, a los que el ‘kirchnerismo’ denominó «fondos buitre», optaron por demandar a Argentina en tribunales de Estados Unidos, donde obtuvieron un fallo favorable en su reclamo del pago total de la deuda. Obviando este fallo, Argentina depositó en 2014 el dinero necesario para pagar a los bonistas de las reestructuraciones, pero el juez Thomas Griesa bloqueó esos fondos para dar prioridad a los ‘holdouts’, lo que provocó que el país entrara en suspensión de pagos el 30 de julio de ese año.
