Un total de 26.336 familias solicitaron acogerse al Código de Buenas Prácticas Bancarias (CBP) en 2015, de las que 12.252 pudieron reestructurar su deuda (un 26% más) y 2.188 se acogieron a la dación en pago (22,6% menos), según ha informado el Ministerio de Economía.
Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron las tres regiones en las que más solicitudes se recibieron a lo largo del pasado ejercicio, mientras que Barcelona y Sevilla se convirtieron en las ciudades con mayor número de peticiones, seguidas de Madrid. En total, 14.441 familias se vieron beneficiadas por las medidas del Código de Buenas Prácticas, un 14,8% más que hace un año. En sus cuatro años de vigencia, un total de 31.536 familias se han acogido al CBP para aliviar su deuda hipotecaria, de las que 24.902 han obtenido una reestructuración de deuda y 6.031 han finalizado con la dación en pago, según la información remitida al Congreso por la Comisión de Control del CBP. PRORROGA DEL FONDO SOCIAL DE VIVIENDAAdemás, se ha prorrogado por un año el Fondo Social de Vivienda, hasta el 17 de enero de 2017. Se trata de la segunda ampliación de este fondo creado en 2013 que ya cuenta con 9.866 viviendas aportadas por los bancos para dar asistencia a las familias más vulnerables mediante alquileres reducidos (entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar).
El Código de Buenas Prácticas y el Fondo Social de Vivienda, medidas puestas en marcha para hacer frente al problema de los desahucios, han beneficiado a 55.195 familias en los últimos cuatro años. De ellas, 31.536 familias han podido acogerse al CBP. Por su parte, el Fondo Social ha permitido la celebración de 6.108 contratos de alquiler a precios reducidos. Además, se han suspendido 17.551 lanzamientos a través de la moratoria hipotecaria. En datos semestrales, entre julio y diciembre de 2015 se recibieron un total de 12.900 solicitudes de refinanciación, 536 menos que un año antes. En concreto, se realizaron 7.299 operaciones: en 6.282 casos se llegó a una reestructuración viable de la deuda pendiente y en 1.017 se acordó la dación en pago.
