El despacho de abogados Navas & Cusí elevará una queja ante la Comisión Europea (CE) por «mala praxis» del Gobierno español al considerar que ha incumplido el plazo para la transposición de la directiva europea en materia hipotecaria.
«El Gobierno, aunque esté en funciones, tiene unas obligaciones institucionales que debe cumplir. Trasponer las directivas es gestión ordinaria y de obligado cumplimiento», ha señalado Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho bancario, financiero y comunitario. El despacho destaca que la directiva europea en materia hipotecaria, cuyo plazo de trasposición concluyó el 21 de marzo, refuerza los derechos del consumidor, obliga a la entidad a informar de todas las ofertas existentes en el mercado y establece un plazo de reflexión obligatorio de siete días, el mismo existente para retractarse de su firma. Por otra parte, la directiva exige una «tolerancia razonable» antes de proceder a las ejecuciones y limita los cargos por impago. Dentro de la flexibilidad de los pagos, la nueva norma elimina los recargos por amortización anticipada, indica Navas & Cusí. El despacho también señala que la directiva establece la prohibición de que la comercialización vaya vinculada a otros productos, de manera que la movilidad entre entidades sea mayor. En el caso de las multidivisas, el usuario deberá de ser informado de que las cantidades pendientes de amortización podrían elevarse e incluso ser superiores al capital inicial. INCUMPLIMIENTOS LEGALESNavas insiste en que desde el 21 de marzo «se están incumpliendo estas obligaciones legales, generando contingencias para la entidades y argumentos jurídicos para los clientes» y recuerda que la jurisprudencia de Luxemburgo ha señalado en varias ocasiones que las directivas comunitarias están vigentes desde que se dictan, no desde que se trasponen «en aplicación del principio de primacía del derecho comunitario».
«Que el Gobierno no cumpla sus funciones no quiere decir que el consumidor no se pueda beneficiar de las nuevas previsiones de la directiva. Así lo haremos valer en los tribunales si es necesario», ha advertido Navas. Sin embargo, la directiva también establece el derecho del banco a acceder a fuentes de información públicas o privadas antes de decidir la concesión del préstamo hipotecario. A este respecto, el abogado ha advertido de que el encaje de este precepto con la directiva de protección de datos es «muy complejo». Navas también ha apuntado que una reciente sentencia del Tribunal Europeo de la UE en Luxemburgo ve «contrario al derecho comunitario» la cesión de datos entre administraciones. «Si las administraciones no pueden cederse datos entre sí, ¿cómo van a ceder datos a un agente privado?», se pregunta.
