La embajadora panameña en España, María Mercedes de la Guardia, ha defendido este martes, en el marco del escándalo de los llamados ‘papeles de Panamá’, que la «privacidad» de la que gozan los titulares de empresas opacas (‘offshore’) en el país es «una aspiración legítima no sólo de los delincuentes», y ha añadido que el país pretende «mantener este servicio sin perjuicio de la transparencia».
«Somos los más interesados en que esto se aclare, en que se vea que esto es un servicio que se presta en diferentes países y que unos lo utilizan para bien y otros para mal», ha dicho. Durante su intervención en los desayunos informativos del Executive Forum España, patrocinados por Sacyr, la embajadora ha recalcado además que si bien el Gobierno panameño mantendrá una «colaboración vigorosa» con España para detectar posibles casos de fraude, lo hará en el marco de cualquier proceso judicial. Esto quiere decir que Panamá se ceñirá al cumplimiento del acuerdo de intercambio de información que se enmarca en el tratado de doble imposición firmado en 2011 entre ambos países, por el que se establecen cauces para solicitar desde España información justificada sobre determinados contribuyentes, pero que no prevé un flujo de datos continuo y masivo. Así pues, De la Guardia ha concretado posteriormente en declaraciones a los medios que «la Agencia Tributaria española tiene los mecanismos para trabajar con la panameña», pero que «no se brindará información abierta y automática de forma multilateral dentro del procedimiento de intercambio de información». Para justificarlo, la embajadora de Panamá ha argumentado además que ofrecer información de forma multilateral «viola la Constitución y el derecho a la confidencialidad», al tiempo que sería imposible llevarlo a cabo dada la falta de recursos humanos en el país cuando además Panamá «no tiene nada que ganar con estos reportes». «Nosotros tenemos un sistema más sencillo. No le pedimos a ningún país que nos reporte la actividad de los panameños en el extranjero y gravamos las rentas que se generan en Panamá por parte de extranjeros o nacionales», ha apostillado. Por otro lado, la embajadora panameña ha indicado que el pasado año mantuvo una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que éste le trasladó que con el cambio de Gobierno y de funcionarios en el país centroamericano en 2014 se habían producido una serie «tropiezos» en el intercambio de información, pero que una vez reportados, al mes siguiente los flujos ya estaban «funcionando magníficamente». PIDE DISTINGUIR ENTRE MOSSACK FONSECA Y PANAMA. A continuación, De la Guardia ha lamentado el «tremendo impacto» que está suponiendo para su país la revelación de los ‘papeles de Panamá’, en tanto que, a su juicio, se está confundiendo la actividad que ha realizado el bufete Mossack Fonseca con la de todo el país. Tanto es así que ha preferido hablar de «los papeles de Mossack Fonseca». Así, aunque ha admitido que «no ayuda» el hecho de que Ramón Fonseca, uno de los socios del bufete, hubiera sido ministro de la Presidencia de Panamá, ha pedido «que el periodismo sea un poco más objetivo y más claro», porque «se ha centrado un tema en Panamá y en su centro bancario, cuando es acerca de una firma y una empresa». «¿Cuantos países han visto una de sus empresas envueltas en un escándalo?, pero no se diluye, como se está haciendo en Panamá, esa frontera entre la empresa y el país», ha planteado la embajadora. En cualquier caso, De la Guardia ha querido dejar claro que, dentro de la legitimidad de la privacidad de la que ha hablado, «Panamá está comprometida con la tolerancia cero contra la corrupción». Además, ha precisado que de las 200.000 empresas que se incluyen en los papeles, sólo el 20% fueron registradas en el país, pese a lo que «ha sido el país que más se ha visto afectado». Dicho esto, ha incidido en que «despachos de jurisdicciones de todo el mundo pondrían quedar expuestos con filtraciones como ésta. No sé si esta firma (Mossack Fonseca) iba más a allá o no, pero no es un caso aislado; el negocio de sociedades offshore es un negocio próspero en muchísimos países de primera línea», ha argumentado. HABRA COLABORACION CON ESPAÑA. Por otro lado, De la Guardia ha asegurado que Panamá «cooperará vigorosamente» con las autoridades españolas en toda investigación que se ponga en marcha para detectar posibles casos de fraude fiscal. Asimismo, la embajadora ha señalado que Panamá ha realizado en los últimos años «importantes esfuerzos por la transparencia». Ha puesto en valor, por ejemplo, que se haya prohibido establecer acciones al portador en las sociedades ‘offshore’, y que todas deban ser nominativas. «Esta filtración es una demostración de que ya el destinatario no se puede ocultar y ójala que desincentive así que se utilice (estas sociedades) con fines ilícitos», ha añadido. Por otro lado, De la Guardia ha explicado también que una de las quejas frecuentes de los que llegan a Panamá es que no logran abrir cuentas en bancos porque «el sistema se está autocensurando», en parte para evitar quedar expuesto a un escándalo por uso ilícito. «Eso nos afecta a la hora de atraer inversiones», ha asegurado. Así pues, ha recalcado que «los bancos son casi impenetrables» y que las posibles prácticas ilícitas se realizan en todo caso a través de despachos o reaseguradoras, a las que se están poniendo barreras. En este sentido, ha dicho que el caso de los ‘papeles de Panamá’ «va a ser positivo porque va a ayudar a que esta implementación se haga rápido y eficazmente».
