El PP justifica que unos ministros comparezcan y otros no apelando al «sentido común»

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha justificado este martes que el Gobierno acepte la comparecencia de unos ministros mientras alega que otros no pueden someterse al control del Parlamento porque están en funciones apelando al «sentido común» y a que se aceptan las peticiones sobre temas «de relevancia».

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios antes de la reunión del Grupo Popular al ser preguntado por los criterios que sigue el Ejecutivo para decidir que algunos ministros sí comparezcan en sede parlamentaria –como hará el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, este jueves o el de Economía, Luis de Guindos, el día 19–, mientras otros ‘plantan’ a los diputados, como ha sucedido este mismo martes con la ministra de Fomento, Ana Pastor.

«Dentro de lo que es el sentido común y el análisis de las peticiones de comparecencia que se hacen, el Gobierno, respaldado por el Grupo Popular, determina lo que parece sensato y razonable», ha señalado Hernando, recordando que hay un informe «claro» de los servicios jurídicos de la Cámara que avala esta posición «más allá de las interpretaciones de favor que quieran hacer los grupos».

LA LINEA ES EL CONTROL ORDINARIO.

Finalmente, ha insistido en que «no cabe» que el Parlamento haga «control ordinario» a un Ejecutivo al que no ha otorgado su confianza, y que por eso los ‘populares’ rechazan las comparecencias referidas a asuntos de la anterior legislatura o las preguntas ante el Pleno de la Cámara.

«Es la línea que nosotros hemos marcado, pero no ha habido un intento de ocultarse al control. Pero el control extraordinario, no el control ordinario», ha zanjado.

Sin embargo, tras el ‘plante’ de Pastor y otros tres altos cargos del Ministerio a la Comisión de Fomento, el presidente de este órgano, Sergio Pascual (Podemos), preguntará qué medidas jurídicas se pueden tomar.

Y el propio presidente del Congreso, Patxi López, ha solicitado ya un informe jurídico para que se clarifique si las autoridades de órganos que dependen del gobierno pero que no forman parte del Ejecutivo –y que, por tanto, no están en funciones– tienen o no obligación de comparecer en la Cámara.

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