El juez pregunta a la Fiscalía si investiga a Deloitte por la salida a Bolsa de Bankia

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si cita a declarar en calidad de investigados a Deloitte y a su socio auditor Francisco Celma, tras la petición de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y el colectivo 15MpaRato, que consideran a la auditora «responsable directo» del «masivo fraude» perpetrado en la salida a Bolsa de Bankia.

En una diligencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado Central de Instrucción número 4 ha dado traslado a Anticorrupción del escrito presentado por la acusación a fin de que se pronuncie sobre esta solicitud, una vez que los peritos judiciales se han ratificado en el fraude del debut bursátil.

La CIC, presidida por Gonzalo Postigo, considera a la auditora «directamente» responsable de que cientos de miles de inversores concurrieran a la Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) sobre la base de unas cuentas que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad, a pesar de que tenían información más que suficiente para saber que los estados financieros aprobados y publicitados contenían «importantes errores contables».

La acusación popular considera que Deloitte es igualmente responsable de haber avalado las cuentas reformuladas en mayo de 2012, que también tenían «errores contables» y que los peritos Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras calificaron en su dictamen complementario de «inexplicables, sorprendentes y contrarios a la normativa nacional e internacional».

En contra de las razones esgrimidas por el equipo gestor del banco, señala que ninguna entidad española reformuló sus cuentas del ejercicio de 2011 a causa de la crisis económica ni de los reales decretos 2/2012 y 18/2012 ni por los informes de organismos internacionales.

MULTA DE 12 MILLONES A DELOITTE

La CIC añade que ni Celma ni Deloitte han dado una explicación «mínimamente convincente» sobre su negativa a emitir el informe de auditoría de las cuentas formuladas por BFA-Bankia en marzo 2012 en el plazo legal establecido en abril de 2012.

Tanto la CIC como el 15MpaRato, que ejerce la acusación particular, recuerdan que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía sancionó con una multa de 12 millones de euros a Deloitte, al considerar que los procedimientos que había seguido para avalar los estados financieros «no fueron acordes a las normas de contabilidad ni realizados con la independencia requerida».

Las acusaciones recuerdan que los peritos judiciales, adscritos al Banco de España, ya concluyeron en diciembre de 2014 que ninguna de las cuentas formuladas por el grupo BFA-Bankia desde su creación retrataban su imagen fiel y que los consejeros tenían suficiente información para haber elaborado unos estados acordes a la verdadera situación patrimonial de la entidad, lo cual «debería haber detectado e impedido por los auditores pues esa es precisamente la función de la labor auditora».

DECLARACIONES DURANTE LA INSTRUCCION

La acusaciones, que ya solicitaron hace un año esta diligencia, fundamentan también su petición en la declaración de la exconsejera de Bankia e integrante de la Comisión de Auditoría Araceli Mora, que dimitió en la mañana del 25 de mayo de 2012 para no tener que aprobar las cuentas reformuladas.

Mora defendió ante el juez la coherencia del primer balance y señaló que el 3 de mayo, tras enterarse por el periódico de que éste había sido aprobado sin el informe de la auditora, telefoneó a Celma para pedirle explicaciones. «Tú sabrás, que estáis de negociaciones», le contestó el auditor, según fuentes presentes en la declaración de la exconsejera.

En la declaración judicial que prestó el 20 de febrero de 2013 ante el juez Andreu, Celma aseguró que en marzo del año anterior advirtió a la dirección de Bankia de que existían «dudas razonables sobre la viabilidad futura del grupo» y que, a su juicio, el plan de capitalización que aprobó el Banco de España en abril tampoco garantizaba su solvencia, informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.

El testigo, que permaneció declarando durante más de cinco horas, defendió que la auditora fue avisando puntualmente de la situación en que se encontraba el grupo financiero, lo que contradice tanto la versión aportada por Rato como por el resto de exconsejeros de la entidad, que apuntaron que sólo se realizaron objeciones a la situación del Banco Financiero de Ahorros (BFA).

El representante de la firma, que se encargó de la auditoria externa para Bankia y BFA, explicó que no avaló las cuentas de Bankia en 2011 que presentó el equipo de Rodrigo Rato porque habría sido ilegal, ya que no le llegaron firmadas por los miembros del Consejo de Administración.

«No se pudo emitir informe de auditoría hasta el 25 de mayo de 2012, cuando se presentaron las cuentas formuladas y firmadas», dijo, para negar que hubiera trasladado a la consejera Araceli Mora que Rato estuviera negociando soluciones a la situación de la entidad, como ésta aseguró ante el juez.

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