La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve «exigente pero factible» que España pueda cumplir los nuevos objetivos de déficit público hasta 2019, siempre que aplique con rigor los acuerdos de no disponibilidad de gasto para el Estado y las comunidades autónomas y se consoliden en el tiempo, y siempre que se pongan en práctica las medidas de prevención previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Así lo indica en unos nuevos informes para valorar la actualización del Programa de Estabilidad para el período 2016-2019 remitido a Bruselas y que aún esta pendiente de evaluación por la Comisión. En estos informes, que vienen a completar los preliminares publicados a finales del mes de abril, el organismo presidido por José Luis Escrivá también señala que «el escenario macroeconómico y las previsiones de crecimiento para el año 2016 se consideran probables y parecen compatibles con la previsión de déficit contemplada en las proyecciones fiscales». En primer lugar, respecto a 2016, el informe prevé que el objetivo de déficit del 3,6% del PIB se pueda alcanzar, aunque insiste en que es necesario un «esfuerzo suplementario» de consolidación del gasto de alrededor del 0,4% del PIB, unos 4.000 millones, para alcanzar dicho objetivo. Al respecto, AIReF advierte de que las medidas implementadas por el Gobierno en funciones en forma de acuerdos de no disponibilidad de gasto, llamadas a subsanar este desajuste, están faltas de «instrumentalización». No obstante, la AIReF avisa de que, a medida que se avanza en el escenario de proyección, se identifican «riesgos crecientes». Así, a partir de 2017, cuando el Gobierno ya espera haber reducido el déficit por debajo del 3% del PIB, el supervisor considera que las perspectivas de gasto del Gobierno son demasiado «optimistas y voluntaristas», aunque también entiende que las previsiones de ingresos son «conservadoras», ya que «se considera probable que el favorable ciclo macroeconómico conlleve mayores ingresos tributarios». Concretamente, AIReF contempla que el gasto público vaya reduciéndose respecto al PIB, hasta alrededor del 41% en 2019, pero no al ritmo que estima el Gobierno, que prevé situarlo en el 40,1%, y pone el acento en el gasto en sanidad y educación, principales componentes del consumo público. Al respecto, señala que en el caso de la sanidad, el gasto crecerá de media un 4,1% del PIB anual hasta 2019 en términos reales, con un incremento paulatino de su peso sobre el PIB, frente al incremento del 0,5% previsto por el Gobierno, que espera que ese peso se reduzca. En el caso de la educación, AIReF espera un incremento medio del gasto del 2,9% en este horizonte, frente al 0,6% del Gobierno. También en esta partida, AIReF espera un aumento del peso de este gasto sobre el PIB, mientras que el Gobierno prevé que se reduzca. En este punto, señala que la reducción sostenida del déficit público en los próximos dos años requiere de la adopción de medidas «con una vocación de permanencia que, a priori, no se garantiza con la adopción de un acuerdo de disponibilidad de vigencia anual». «Si bien es cierto que el programa de estabilidad parte de la consolidación de este ajuste de gasto, no se han detallado medidas o actuaciones que garanticen la consolidación de este ajuste de gasto una vez terminada la vigencia del presupuesto de 2016 sobre el que se aplica el acuerdo de no disponibilidad», añade. Por el lado de los ingresos, AIReF apunta que el ciclo económico llevará a una recuperación de la recaudación por IRPF e Impuesto de Sociedades, una vez superado el efecto de la reforma tributaria a partir de 2016. Además, anticipa «mayores holguras» en la recaudación por impuestos indirectos, fundamentalmente por el mejor comportamiento esperado del consumo privado y del sector de la vivienda. Así, mientras que el Gobierno espera que los ingresos alcancen el 38,5% del PIB en 2019, el organismo evaluador espera que éstos puedan sobrepasar el 39%. LA SEGURIDAD SOCIAL LASTRARA LAS CUENTAS PUBLICAS. Por administraciones, la AIReF ve «factible» un cumplimiento del objetivo de déficit por parte del Estado y las comunidades autónomas en 2016, situado en el 1,8% y el 0,7% del PIB, respectivamente, siempre que se cumplan las medidas adoptadas, pero en el caso de la Seguridad Social (1,1%) da por hecho el incumplimiento, que se compensará con el cumplimiento del objetivo de equilibrio por parte de los ayuntamientos. AIReF prevé un incremento significativo del empleo que llevará a un aumento de los ingresos de la Seguridad Social, pero que no compensará el agujero que supone el gasto en pensiones, por lo que espera que el saldo negativo de sus cuentas se mantenga por encima del 1% del PIB en los próximos años. Para 2017-2019, considera probable para el Estado que cumpla con la senda prevista, pero insiste en que la Seguridad Social volverá a lastrar el déficit. Además, en el caso de las comunidades autónomas, AIReF también ve muy improbable que se cumpla la senda. Por su parte, los ayuntamientos volverán a ser lo ‘alumnos aventajados’ en este periodo, aunque es de esperar, según el informe, que su superávit se reduzca fundamentalmente por la flexibilización en la aplicación de la regla de gasto. AIREF AVALA EL ESCENARIO MACROECONOMICO. En los informes publicados este jueves, la AIReF avala los escenarios macroeconómicos proyectados por el Gobierno, que prevé un crecimiento del 2,7% en 2016 y del 2,4% en 2017. Según ha indicado, este cuadro se basa en unas hipótesis «probables e incluso prudentes». No obstante, contempla entre los riesgos a la baja el menor crecimiento mundial, una eventual recuperación de los precios del petróleo o la posible ‘japonización’ de la zona euro. Por el contrario, el organismo cree que los ingresos tributarios serán superiores a lo previsto. Más concretamente, AIReF estima que el crecimiento del PIB podría ser superior al previsto en 2016, pero a partir de 2017, para cuando el Gobierno en funciones prevé un avance del PIB del 2,5% de media, anticipa mayores riesgos a la baja. Por último, AIReF valora la senda descendente de la deuda pública que recoge el programa de estabilidad hasta 2019 y entiende que se quedará corta, de modo que se podría reducir a mayor velocidad que la prevista.
