La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) lamenta que la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Eleanor Sharpston, haya concluido este jueves que las administraciones públicas no tienen que devolver los intereses de demora a los proveedores de los planes de pago que puso en marcha.
Aunque la decisión no es vinculante porque falta la sentencia definitiva del TJUE, el presidente de la plataforma, Antoni Cañete, confía en que el Tribunal «analice en profundidad» la situación «abusiva» que supuso que los proveedores «tuvieran que renunciar a los intereses de demora para poder cobrar su deuda sin esperar una larga demora ‘sine die'». «Para la abogada general esta renuncia fue voluntaria, para la PMcM, abusiva. Esperamos que el TJUE reflexione sobre la naturaleza ‘voluntaria’ de la renuncia a los intereses y dicte sentencia declarando su ilegalidad», ha indicado. Así, señala que «no es comprensible» que los ciudadanos y las empresas deban pagar intereses cuando liquidan sus impuestos fuera de plazo, pero «que no ocurra lo mismo con las administraciones públicas». «Lo justo sería que estas pagaran de oficio los intereses de demora», ha añadido. El informe de Sharpston concluye que las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo por las que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales no se oponen a la norma nacional que da al acreedor el derecho a adherirse a un mecanismo que prevé el pago acelerado del principal adeudado con arreglo a un contrato cuando el acreedor ha cumplido sus obligaciones establecidas en el contrato. Esto ocurre siempre que renuncie a su derecho al pago de los intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro, al tiempo que permite al acreedor negarse a adherirse a este mecanismo, con lo que conserva su derecho a los intereses y a la compensación, aunque es probable que tenga que esperar bastante más para cobrar, según ha explicado la plataforma en un comunicado. Para la PMcM, resultan «injustificables y sorprendentes las conclusiones de la abogada general». UNOS 3.000 MILLONES EN INTERESES DE DEMORA. La plataforma estima que, si finalmente el fallo del TJUE fuera favorable, las administraciones públicas tendrían que pagar a unos 230.000 proveedores los intereses de demora devengados desde 2012, unos 3.000 millones de euros, cuya renuncia fue impuesta por el artículo 9.2 del Real Decreto ley 4/2012 como condición inevitable si los acreedores querían cobrar sus facturas atrasadas en los planes de pago a proveedores. Cañete ha recordado a los afectados que no hay nada en firme hasta que el TJUE se pronuncie, por lo que les ha animado a reclamar formalmente los intereses de demora para poder recuperarlos si finalmente la sentencia es favorable.
