UGT reclama un pacto por el empleo público y muestra su preocupación por la no reposición de efectivos

La Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) ha mostrado su preocupación por la actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019, que contempla la «no reposición de efectivos» como una principales medidas para la reducción de déficit, por lo que ha reclamado por pacto por el empleo público al nuevo Gobierno.

En un comunicado, el sindicato advierte de que la no reposición, unido al envejecimiento de la plantilla, supondrá un problema para la prestación adecuada de servicios públicos a los ciudadanos.

Frente a esto, UGT propone un pacto por el empleo «que supere las limitaciones impuestas por la tasa de reposición de efectivos y elimine los porcentajes tan ínfimos que se vienen estableciendo por las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado (PGE)».

Asimismo, señala que el «fantasma» del déficit público vuelve a planear sobre el escenario económico y sobre los próximos PGE. «La posibilidad de una sanción económica de Bruselas (2.000 millones de multa y restricción de los fondos estructurales), unida a la incapacidad del Gobierno para crear empleo de calidad y para llevar a cabo una reforma fiscal que luche contra la evasión alejan al país de la posibilidad de una estabilidad económica que nos permita crecer e invertir», advierte.

En este sentido, denuncia que los servicios públicos y sus empleados han sido «cabeza de turco» de la crisis económica y dice temer que el Gobierno, una vez pasadas las citas electorales, «vuelva a recurrir al recurso de recortar en salario y servicios esenciales».

A este respecto, recuerda que la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA) estima que las «medidas de empleo público» ejecutadas por el Gobierno desde 2013, ha supuesto un ahorro de 17,39 millones de euros, más de la mitad del ahorro total estimado en casi 31 millones de euros.

En el conjunto del sector público, según datos contenidos en el Informe CORA, se estiman en 400.000 puestos de trabajo destruidos, entre ellos más de 167.000 en las administraciones públicas, en el Sistema Nacional de Salud, en Educación y en Justicia.

EXIGE UN AUMENTO DE PLANTILLA.

Por ello, considera que el futuro Gobierno debería plantearse dotar de mayores medios personales aquellos servicios públicos cuyas funciones revierten a la creación de empleo: los Servicios Públicos de Empleo (labor de intermediación); Inspección de Trabajo Y Seguridad Social (control de la calidad del trabajo) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (reducción del fraude fiscal para aumentar los ingresos públicos).

Así, ve necesario que se contemple una nueva configuración legal de la jubilación anticipada para los empleados públicos, que figuraba en el Estatuto Básico del Empleado Público en su redacción original de 2007 pero fue suprimida por real decreto en 2012. UGT reclama la implantación de la jubilación parcial en el ámbito de las administraciones públicas y las 35 horas semanales, complementado estas medidas con una creación de empleo que dé cobertura a dicha reducción horaria.

También pide estudiar la posibilidad de desarrollar procesos de consolidación de empleo temporal, derogando la fecha tope prevista en el EBEP (1 de enero 2005), pues con posterioridad se ha continuado generando «mucha temporalidad», así como impedir todas las amortizaciones directas de puestos de trabajo llevadas a cabo por las administraciones públicas.

De igual forma, pide medidas específicas en materia de empleo que deben completarse con políticas de inversión para la extensión y mejora de los servicios públicos; avanzar hacia una escolarización de 0 a 18 años; reducir la ratio por aula, aumentando la dotación de becas y reduciendo las tasas universitarias, y la universalización de la Sanidad Pública, extendiendo sus prestaciones y la potenciación de la asistencia primaria en todo el territorio del Estado.

Otras peticiones son la restitución del modelo del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia; la ampliación de las competencias de las administraciones locales, potenciando los servicios sociales que prestan los ayuntamientos y las diputaciones, y suprimir las tasas judiciales. Por último, aboga por potenciar y dotar de contenido el Observatorio Público de Empleo.

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Recibe nuestras noticias en tu correo

Lo más leído