BBVA cifra la retroactividad total de sus cláusulas suelo en un máximo de 1.200 millones

BBVA cifra la retroactividad total de las cláusulas suelo en un máximo de 1.200 millones de euros, si bien considera que el impacto en sus cuentas sería «probablemente menor» teniendo en cuenta la experiencia en supuestos similares, según consta en el folleto continuado remitido por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El banco dejó de aplicar las cláusulas suelo en todos los contratos de préstamos hipotecarios con los consumidores a partir de junio de 2013, cumpliendo con la sentencia del 9 de mayo de 2013 del Tribunal Supremo, que declaraba la nulidad de esta condición cuando no cumple con los requisitos de transparencia.

La entidad precisa que, hasta la fecha, no figura como demandada en ninguna acción colectiva en la que se solicite la devolución de las cantidades cobradas con anterioridad al 9 de mayo de 2013.

También indica que el número de reclamaciones individuales de consumidores en los que se solicita la devolución total de los informes es «muy poco significativo».

A la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva sobre si debe limitarse en el tiempo la retroactividad de esta condición, la entidad ya ha solicitado su «derecho subjetivo» a que no se modifique su situación jurídica como consecuencia de la futura sentencia que se conocerá a finales de año.

El banco alega los principios de cosa juzgada y de intangibilidad de las resoluciones judiciales existentes tanto en los órganos jurídicos de los Estados miembros como en el Derecho de la Unión Europea.

En este contexto, recuerda que, teniendo en cuenta la opinión del abogado general de limitar en el tiempo la retroactividad y de los asesores externos contratados, «la probabilidad de que BBVA se vea obligado a devolver estas cantidades puede ser calificada como remota».

Sin embargo, «a efectos de una mayor transparencia y habida cuenta del interés que la cuestión ha suscrito en analistas e inversores», el banco informa que el importe máximo que podría reclamarse ascendería a 1.200 millones de euros.

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