El exdirector general de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez Tello ha afirmado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que la petición que hizo el presidente de Bankia, José Ignacio Gorigolzarri, en junio de 2012, de 19.000 millones de euros en ayudas públicas para el rescate de la entidad, no era «confortable» ya que se consideraba «excesiva», según fuentes presentes en la declaración.
Así lo ha declarado Martínez Tello ante el juez durante su comparecencia como testigo en la causa que investiga la salida a Bolsa de Bankia en 2011, en la que ha explicado que el Banco de España disponía de unos cálculos «cifrados» en unos 16.000 millones de euros y no en los 19.000 que pidió Goirigolzarri para el plan de saneamiento y necesidades de capital para garantizar la viabilidad de la entidad financiera. «El Banco de España no se sentía confortable con la petición de 19.000 millones de euros que hizo Goirigolzarri», ha explicado el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, en declaraciones a los medios. Según ha constatado, el organismo supervisor entendía que esta petición «era excesiva». Asimismo, Martínez Tello ha asegurado que la solicitud de Goirigolzarri no estaba «sustentada en ningún tipo de informe» y que si finalmente se consintió fue «de alguna manera para no generar alarma», ha concretado Herzog. En opinión del abogado de la CIC, esta nueva «tesis» expuesta por Martínez Tello es «sorprendente» porque «de alguna manera desmontaría» el rescate financiero a Bankia que se cifró en más de 24 millones de euros. En concreto, la consultora internacional Oliver Wyman cifró en septiembre de 2012 las necesidades de capital de Bankia-BFA en 24.743 millones. AVALAN LA VERSION DE DELOITTESegún han destacado fuentes jurídicas, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón ha centrado gran parte del interrogatorio a los dos testigos en la existencia de provisiones genéricas que hubieran servido para compensar las cuentas.
Durante la declaración prestada ante el magistrado el pasado mes de junio, el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, señaló que había provisiones suficientes para hacer frente a eventuales contingencias. Las provisiones ascendían en el momento a 3.000 millones de euros, precisó entonces, aportando documentación para apoyar esta tesis. Este martes, los dos directivos del Banco de España han confirmado esta versión y han agregado que los criterios contables aplicados por la entidad respondían a las normas del organismo supervisor, han precisado fuentes jurídicas. Estos «colchones fantasma» –como los ha calificado Herzog– no estaban reflejados en las cuentas publicadas pero «existían». «Nadie ha sido capaz de explicar dónde estaban, donde se dotaron o por qué», ha destacado el letrado en declaraciones a los medios. El director general de Supervisión ha destacado que el Banco de España conocía perfectamente la evolución de Bankia y que su trayectoria y cuentas cumplían la ley. Ambos testigos han resaltado que tanto las cuentas, aprobadas bajo la presidencia de Rodrigo Rato, que reflejaron un beneficio de 309 millones de euros, como a las reformuladas en las que se apreciaban una pérdidas de 2.979 millones, eran correctas. No obstante, la extraordinaria situación económica provocada por la crisis generó que, en un muy breve periodo de tiempo las estimaciones cambiaran, han agregado los dos directivos ante el juez Andreu. En el marco de la causa, abierta tras las querellas presentadas en junio de 2012 por el colectivo ’15mpaRato’ y UPyD –que se ha retirado del caso–, los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, ratificaron el pasado 12 de enero los informes en los que apuntaban que el grupo, conformado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, presentaba pérdidas desde dos años antes, y la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su «imagen fiel» a los inversores institucionales y a los accionistas minoritarios. En julio de 2012, Andreu imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del Consejo de Administración, así como a Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. El juez Andreu acordó en noviembre de 2015 aumentar hasta los 38.290.648 euros la fianza en concepto de responsabilidad civil impuesta a la entidad financiera, su matriz BFA, el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el antiguo consejero delegado Francisco Verdú y el que fuera consejero ejecutivo y secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella.
