La Eurocámara exige congelar parte de los salarios de excomisarios si Bruselas no refuerza el código ético

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles una enmienda para exigir la congelación de parte de los «salarios de transición» que perciben los excomisarios cuando abandonan Bruselas, como medida de presión para que el Ejecutivo comunitario introduzca criterios más estrictos en su código de conducta.

«La Comisión tendrá que adoptar un código de conducta más estricto para desbloquear esa reserva», ha advertido la Eurocámara en el texto adoptado por el pleno reunido en Estrasburgo (Francia).

El objetivo de la Eurocámara es elevar la presión sobre el Ejecutivo que dirige Jean-Claude Juncker, para que éste tome medidas que eviten que se repitan escándalos como el fichaje del expresidente José Manuel Durao Barroso por el banco de inversiones Goldman Sachs o como el de la participación de la excomisaria Neelie Kroes en una empresa opaca en Bahamas.

La enmienda, que ha salido adelante en un voto a mano alzada durante la adopción de la posición de la Eurocámara sobre el presupuesto de 2017, ha sido promovida por el grupo de Los Verdes europeos, con el objetivo de «obligar a la Comisión a reaccionar» si quiere tener acceso a esa línea presupuestaria.

La medida implicaría congelar 505.000 euros de la partida de 2,5 millones de euros comprometidos cada año para el pago de estos sueldos «transitorios», que la Comisión puede llegar a desembolsar durante un periodo máximo de tres años a cada excomisario.

Con ello, los eurodiputados quieren asegurar que los altos funcionarios de la Comisión responden a los estándares «más altos» para evitar conflictos de intereses y actuar contra las llamadas ‘puertas giratorias’. Es una revisión de los estándares necesaria, dice el texto, para «reforzar la democracia europea y la confianza de los ciudadanos de la UE».

NO A LOS RECORTES DE PRESUPUESTO UE

El informe sobre el presupuesto europeo para 2017 incluye también el rechazo de la Eurocámara a introducir los recortes que defienden los Veintiocho sobre la propuesta de gasto inicial de Bruselas, además de reclamar más fondos para la crisis migratoria y el empleo juvenil.

El Ejecutivo comunitario propuso inicialmente un presupuesto con 157.700 millones de euros en compromisos y de 134.900 millones de euros en pagos, mientras que el Consejo ha pedido rebajarlos a 156.380 millones de euros la primera partida y a 133.790 millones la segunda, lo que en el caso de los pagos supone un recorte del 7 %.

Los eurodiputados, sin embargo, creen que son unas cuentas insuficientes e «incoherentes» con el compromiso de centrar los esfuerzos en ofrecer una mejor respuesta a la crisis de refugiados y en apostar por el crecimiento y el empleo en la UE.

Así las cosas, piden un presupuesto de 161.800 millones de euros en compromisos, lo que supone mejorar incluso en 4.130 millones de euros la propuesta primera del Ejecutivo comunitario.

Tras el voto, el Consejo ha advertido en un comunicado que los Estados miembros «no pueden aceptar» las enmiendas introducidas por la Eurocámara en el presupuesto, aunque no se refiere de manera expresa a ninguna de ellas.

La falta de entendimiento entre las instituciones abre ahora un proceso de «conciliación» de tres semanas para tratar de acercar posiciones y definir un proyecto común de presupuesto de aquí al 17 de noviembre.

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