El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha celebrado que la Comisión Europea finalmente no vaya a congelar parte de los fondos de España y Portugal pese a haber incumplido el objetivo de déficit comprometido para el pasado año, al mismo tiempo que ha destacado que esta decisión refleja «fielmente» la opinión de los eurodiputados.
«El Parlamento Europeo da la bienvenida la decisión de la Comisión de no proponer ninguna suspensión de fondos estructurales y de inversión. La decisión refleja fielmente la posición de la Eurocámara,(…) , que concluyó que no era necesaria ninguna suspensión», ha escrito en una carta enviada al presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker. El socialdemócrata alemán ha recordado que los ministros de Economía de España y Portugal, Luis De Guindos y Mario Centeno, defendieron en la Eurocámara que ambos países han adoptado reformas «efectivas» en respuesta a las exigencias aprobadas el pasado verano.También ha subrayado que los dos detallaron cómo perseguirán el cumplimiento de sus «obligaciones fiscales» bajo el pacto de estabilidad y crecimiento.
«Durante el transcurso de la audiencia, un gran número de eurodiputados, incluidos los de las comisiones de Presupuestos, Empleo y Asuntos Sociales, Agricultura y Desarrollo Rural y Pesca, se opusieron a la suspensión de los fondos», ha insistido. De esta forma, Schulz ha confirmado en la misiva que la conferencia de presidentes de la Eurocámara (donde están representados él mismo y los líderes de los grupos políticos) ha dado por cerrado el «diálogo estructurado» con la Comisión Europea sobre la suspensión de los fondos. Bruselas decidió este miércoles no presentar una propuesta para congelar parte de los fondos europeos a España y Portugal tras haber constatado que ambos países han adoptado «acciones efectivas» para corregir el déficit público.España evitó por segunda vez ser castigada por haber incumplido el objetivo pactado para 2015. Los ministros de Economía y Finanzas de la UE cancelaron en agosto de este año la imposición de una multa, que habría ascendido al 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros.
