El pleno del Parlamento Europeo ha pedido este jueves a la Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O’Reilly, que investigue el tratamiento que ha dado la Comisión Europea al escándalo por el fichaje de su expresidente Jose Manuel Durao Barroso por Goldman Sachs, y se suma a la necesidad de revisar el Código de Conducta del Ejecutivo comunitario.
La Eurocámara se ha mostrado «profundamente preocupada» por la relación del expresidente con el banco de inversiones norteamericano, al tiempo que ha pedido una «investigación estratégica» del «tratamiento» dado por Bruselas al caso. El presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, abrió una investigación sobre el caso el pasado septiembre, tras dos meses defendiendo que Barroso había cumplido con las reglas de la UE. El resultado del análisis de la comisión ética ‘ad hoc’ fue que el político luso respetó las normas y tiempos que marca la UE para aceptar el puesto en Goldman Sachs, aunque cuestionó su «juicio» a la hora de valorar las consecuencias de su fichaje. El Ejecutivo comunitario no ha aclarado aún si da por cerrado el caso o estudia medidas contra su expresidente. Así las cosas, los eurodiputados han pedido a la Defensora que siga examinando la situación, investigue las ‘puertas giratorias’ que benefician a los excomisarios y presente «recomendaciones» para reforzar el Código de Conducta. La Comisión ha propuesto precisamente esta semana ampliar de 18 a 24 meses el tiempo en que un comisario debería pasar «en la nevera» antes de incorporarse a un nuevo puesto de trabajo que pudiera plantear incompatibilidades con sus tareas previas en Bruselas. El plazo se elevaría a 3 años en el caso de los presidentes del Ejecutivo comunitario. Otra de las reivindicaciones de los eurodiputados para asegurar mayor transparencia y exigencia a los ex altos cargos de la UE es que se publiquen con mayor frecuencia los nombres y otros datos relevantes de los antiguos comisarios que se benefician de las ‘puertas giratorias’. El texto adoptado por la Eurocámara ha salido adelante en el pleno de Estrasburgo (Francia) con una amplia mayoría de 557 votos a favor, 24 en contra y 44 abstenciones.
