Ignacio Ayala, letrado del expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato, ha cargado este viernes en la ronda de conclusiones del juicio de las tarjetas ‘black’ contra la entidad nacionalizada alegando que la hoja Excel entregada al tribunal no puede considerarse como prueba pericial y al respecto le ha espetado que tiene muy difícil probar la culpabilidad de los 65 exaltos cargos y directivos encausados en este proceso.
En su opinión, la falta de acuerdo entre las acusaciones particulares –ejercidas por Bankia y el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB)– que reivindican el dinero gastado por las visas, pone de manifiesto una «crisis de identidad» que viene a dar la razón a las defensas y expone que «una de las dos sobra en el juicio». También ha denunciado ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que hoy celebra la décimo octava sesión de juicio, que «nadie se ha entretenido en decir por qué» el uso de las tarjetas presuntamente opacas incurrió en delito continuado de apropiación indebida o administración desleal, que es lo que se le imputa a los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia. NO ES UN EXTRACTO BANCARIO.El letrado de Rato ha dicho que la prueba aportada por Bankia, consistente en una hoja Excel con el desglose de los gastos, no es «pacífica» y por tanto se pone en duda «incluso por los propios acusadores». «Desde el punto de vista jurídico no puede mantenerse que estemos ante un extracto bancario y que constituya un documento mercantil», ha dicho sobre la hoja que se incorporó a la causa en la fase de instrucción.
Al respecto ha añadido que este documento es un volcado «que ha enseñado un poquito» (en referencia a que no incluyó toda la información) y que no se corresponde con los datos originales. En concreto ha hecho referencia al desglose, impugnado al unísono por los 65 procesados, y que recoge las compras efectuadas por un valor total de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012. Además ha dicho que en este juicio se habla de «remuneraciones» de los directivos y consejeros «ya existente desde antes de 2010», y no de gastos de representación. En su opinión, la tesis de las acusaciones es «lineal y simple» y ha advertido de que la tentación de simplificar es distinto a explicar las cosas con sencillez.El fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, no aplicó la atenuante de reparación de daño al expresidente del FMI para el que pide cuatro años y medio de prisión por el uso hecho con su visa, a la que cargó 99.054 euros, y por no poner fin a una práctica, que, según expuso, se convirtió en un sistema opaco de retribución para los beneficiarios de las visas.
