Ciudadanos pedirá este jueves al Tribunal de Cuentas que realice auditorías de desempeño, es decir, análisis sobre cómo gestionan las administraciones el dinero público y si los diferentes gastos son racionales y se adecuan a los principios de buena gestión.
Así consta en las recomendaciones que la formación naranja ha presentado a varios informes del organismo fiscalizador relativos a la contratación celebrada por diferentes ministerios, organismos, empresas no financieras y entes dependientes del Estado. Según las propuestas de Cs, sería deseable que el organismo que preside Ramón Alvarez de Miranda incluyera en sus informes un análisis de la gestión económica que, más allá de estudiar si se han cumplido los preceptos legales de la contratación, fuera «al fondo» del asunto y valorara «qué tal se ha gestionado», según han explicado fuentes de la formación a Europa Press. En concreto, debería evaluar los expedientes de contratación, la elección del procedimiento y los criterios de adjudicación «bajo criterios de oportunidad y verificando que se estén aplicando las mejores prácticas en el mejor interés del servicio público» para, posteriormente, emitir una valoración global de la gestión de cada una de estas entidades. ASEGURAR EL 1% CULTURALEl partido que lidera Albert Rivera también pide al Gobierno que retenga el 1% cultural en los presupuestos de los contratos de obras, dado que el Tribunal de Cuentas alerta de que no se puede verificar en todas las ocasiones que se cumple con esta obligación.
El resto de recomendaciones a los tres informes fiscalizadores pasan por limitar las contrataciones con terceros de las administraciones, precisar en las memorias las necesidades reales de cada contrato, hacer un mayor seguimiento de las ejecuciones o extremar el rigor en la planificación para evitar sobrecostes y retrasos, entre otras. INFORME SOBRE EL SECTOR PUBLICO EMPRESARIALUnidos Podemos, por su parte, quiere que el Tribunal lleve a cabo un informe sobre el sector público empresarial en relación con su sector económico y sobre el volumen de actividad contractual de cada empresa. También reclama que se fiscalicen las encomiendas de gestión del sector público y el grado de concentración de las adjudicaciones.
Evitar ambigüedades en la justificación de los contratos, calcular de forma eficiente los presupuestos de licitación, prevenir el uso inadecuado de los procedimientos negociados o reforzar el seguimiento de las ejecuciones para evitar retrasos y desviaciones económicas son otras de las propuestas de la formación morada. EVITAR SUBCONTRATACIONESEl PSOE, por su parte, pide que se garantice que sea el medio propio el que realiza, al menos en su mayor parte, las tareas encomendadas. Asimismo, cree que deben corregirse las «múltiples deficiencias» de los procedimientos abiertos, incluir garantías para evitar cesiones ilegales de trabajadores y precisarse los aspectos a negociar en los procedimientos negociados sin publicidad.
Además, los socialistas creen que hace falta asegurar que no se incluyan en estos contratos competencias propias no delegables y que se evite que la experiencia previa sea determinante en las adjudicaciones. El Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) coincide con la mayoría de estas solicitudes genéricas de mejoras del proceso de contratación, y además quiere que el Parlamento ponga de manifiesto «la incongruencia por parte del Gobierno español de exigir el cumplimiento de la ley cuando el tribunal de Cuentas ha constatado los numerosos incumplimientos de la Ley de Contratos Públicos por parte de la Administración General del Estado». Finalmente, el PP quiere que se impulsen medidas para que se concreten mejor las necesidades de contratar, que se justifique el por qué de determinados presupuestos y que se eviten duplicidades en los contratos celebrados por diferentes organismos.
