El Gobierno veta en el Congreso una ley gallega para que todos los preferentistas recuperen su dinero

El Gobierno ha vetado la tramitación en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley aprobada en marzo de 2014 por unanimidad en el Parlamento gallego –donde el PP cuenta con mayoría absoluta– para que los inversores minoristas en participaciones preferentes de entidades bancarias rescatadas por el Estado puedan recuperar íntegramente su dinero.

La iniciativa gallega, promovida inicialmente por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), propone modificar una de las leyes de la reestructuración bancaria, con la que en 2012 se fijaron los procedimientos para resarcir a los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada.

Dicha normativa se regía por el principio de reparto de cargas, aunque salvaguardando en gran medida los intereses de los pequeños inversores sin experiencia que habían sido víctimas de una comercialización engañosa de ese tipo de productos complejos.

SALVAR A LOS AHORRADORES

Pese a esas cautelas, una parte de los preferentistas acabaron asumiendo pérdidas en sus inversiones, algo que la propuesta gallega trata de evitar reclamando que se exima de cualquier tipo de pérdida a los ahorradores.

Con esa etiqueta de ahorrador se incluye a los no profesionales, a quienes no hubieran contratado previamente ningún producto de inversión significativo en relación con sus ahorros, a los que dijeron que querían poder disponer de su dinero en cualquier momento, o a los minoristas que por su edad, situación personal, falta de formación o perfil pudieran ser considerados ahorradores o tuvieran características similares a los casos aceptados en el arbitraje o en las sentencias judiciales favorables.

Además, la proposición de ley del Parlamento gallego reclama que se suspendan todas las acciones de gestión de estos productos hasta que termine el procedimiento de identificación de estos ahorradores, proceso que debería ser realizado por un tercero independiente y de prestigio. Y exige también que no se pueda desahuciar a quienes tengan su hipoteca en la misma entidad mientras no recuperen el capital invertido en preferentes o deuda subordinada.

COSTARIA 9.760 MILLONES

Pese a que esta proposición de ley contó en su día con el respaldo de los ‘populares’ gallegos, el Consejo de Ministros decidió el pasado viernes vetar su tramitación parlamentaria en el Congreso, tal y como consta en el escrito de disconformidad que ya ha sido registrado y al que ha tenido acceso Europa Press.

En dicho texto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy alega que entre el 75% y el 80% de los tenedores minoristas recuperó la totalidad de su inversión a través de los arbitrajes, sentencias judiciales y medidas de liquidez puestas en marcha durante la pasada legislatura.

Sin embargo, reconoce que el 20%-25% restante sí tuvo que asumir «recortes en su inversión original», y afirma que de no haberse procedido de este modo el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) habría tenido que invertir más de 13.640 millones de euros adicionales al sector financiero, de los que 9.760 millones de euros corresponderían a las pérdidas soportadas por inversores minoristas.

PROVOCARIA UN AUMENTO DEL DEFICIT

Así, si se tramitara esta proposición de ley y se aceptara devolver íntegramente todas las inversiones a pequeños ahorradores se acabaría impactando en los recursos públicos «vía participación en BFA y activación de garantías concedidas en desinversiones previas», lo que afectaría a las cuentas del FROB que, a la postre, se integran en el Presupuesto General del Estado, causando un «aumento del déficit público».

Y así justifica el Ejecutivo su veto, dado que la Constitución le concede el derecho de paralizar iniciativas que considere que alteran los Presupuestos Generales del Estado en curso, ya sea por aumento de gasto o por reducción de ingresos.

Con este veto, y el presentado también el pasado viernes contra una proposición de ley de ERC sobre memoria histórica, ya son 21 las iniciativas de parlamentos autonómicos y de la oposición cuya tramitación ha sido vetada por el Gobierno. La mayoría de ellas están en suspenso, aunque dos de ellas han seguido adelante por decisión de la Mesa del Congreso (donde el PP no tiene mayoría), lo que ha sido recurrido por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC).

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