Más de 100 asociaciones, que representan más de un millón y medio de empresas, se han sumado a las enmiendas de PIMEC, la PMcM y la CEAC al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que consideran «ambiguo y contradictorio», que el jueves superó su primer debate en el Congreso de los Diputados.
Pimec, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC) se han unido para redactar una propuesta de enmiendas, a la que se han unido ya más de 100 asociaciones y gremios, al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público que ha presentado el Gobierno ante el Congreso, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo. Las tres entidades ya han enviado las enmiendas a los partidos políticos con representación parlamentaria, y sostienen que la aprobación de las mismas eliminaría «ambigüedades y contradicciones», y permitiría a las pymes un mejor acceso a la contratación pública. La propuesta también se enviará a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para Pimec, la PMcM y la CEAC , el proyecto de ley no facilita el acceso de las pymes a la contratación pública y deja «una vez más a las pymes en condiciones de desventaja», en contra de lo que establecen las directivas europeas, a pesar de tratarse de una ley con una gran transcendencia para la economía ya que la contratación pública supone casi el 20% del PIB. VEN UN TEXTO «AMBIGUO»En este contexto, coinciden en señalar que, pese a que el espíritu del proyecto de ley va a favor de las pymes, su redactado queda «muy lejos» de esa realidad y, por lo tanto lamentan que «una vez más se incumplen palabras y promesas a favor de las pymes».
Por otro lado, las entidades aseguran que el texto es «ambiguo» y no contempla las medidas realmente necesarias para facilitar el acceso de la pyme a la contratación pública y, por tanto, no cumple con uno de los mandatos de las Small Business Act (SMB), ya que, además, no apuesta decididamente por la división en lotes, tal y como establece la directiva europea. Aunque exige la justificación de la no división, el mismo texto normativo ya ofrece motivaciones suficientemente amplias al órgano de contratación para no dividir el contrato en lotes. «Este tipo de división es la manera de garantizar un mejor acceso de las pymes a la contratación pública y de generar un mayor crecimiento de nuestra economía y del empleo», defienden. PROHIBICION DE CONTRATAR Y PLAZOS DE PAGO. En relación a las prohibiciones de contratar, el proyecto de ley no recoge la demanda de que se cumpla «escrupulosamente» la legislación vigente en materia de morosidad. De hecho, las asociaciones lamentan que el proyecto permite legalmente la ampliación de los plazos de pago establecidos previamente, tanto por la legislación española como por las directivas comunitarias. Por otro lado, añaden que el proyecto de ley no ha contemplado establecer mecanismos de pago y relación directa al subcontratista, tal y como permite la Directiva 2014/24 y, lo que es «más grave» a su juicio, abre la puerta al pacto entre las partes. En cuanto al seguimiento del contrato, critican que el proyecto de ley solamente indica que los órganos de contratación podrán designar un responsable del contrato a quien corresponderá supervisar su ejecución. Desde el punto de vista de Pimec, la PMcM y la CEAC, la designación de un responsable del contrato se debería de efectuar siempre para el correcto seguimiento de los contratos. El proyecto de Ley se tramita ahora con carácter de urgencia obedeciendo a una imposición de la Comisión Europea en el marco del procedimiento de déficit excesivo del año 2016, una vez que el plazo máximo (abril de 2016) para la transposición de la directiva haya sido superado por España.
