La comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica empieza a trabajar tras ser constituida

La vicepresidenta, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presidido este jueves la reunión de constitución de la Comisión de Expertos para la reforma de la financiación autonómica, que empieza ya a trabajar tras la aprobación de su creación por el Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero.

Al acto de constitución de la comisión de expertos, creada en cumplimiento de los acuerdos alcanzados por la Conferencia de Presidentes el pasado 17 de enero, también ha asistido el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

El ‘comité de sabios’ sobre financiación autonómica cuenta con un representante de cada comunidad autónoma y con otro miembro en representación del Gobierno central. La presidencia recae en el catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Jaén, Manuel González Sánchez.

A propuesta del Estado también participan en la comisión la catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Cantabria, Natividad Fernández; el director de Fedea, Angel de la Fuente; la profesora Maria Antonia Monés; y el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares, Manuel Lagares, que ya presidió el comité de expertos de Cristóbal Montoro para la reforma del sistema fiscal en 2013.

Por parte de las comunidades y ciudades autónomas, forman parte de la comisión Santiago Lago Peñas (Galicia), Francisco David Adame Martínez (Andalucía), Carlos Monasterio Escudero (Principado de Asturias), Juan Manuel Rodríguez Poo (Cantabria), Juan José Rubio Guerrero (La Rioja), José Carlos Sánchez de la Vega (Región de Murcia), Francisco Pérez García (Comunitat Valenciana), Alain Cuenca García (Aragón), Jesús Fernando Santos Peñalver (Castilla La Mancha), Arturo Melián González (Canarias), Francisco Pedraja Chaparro (Extremadura), Guillem López Casasnovas (Illes Balears), Jorge Onrubia Fernández (Madrid), Jaime Rabanal García (Castilla y León), Miguel Angel Pérez Castro (Melilla), Joaquín Aranda Gallego (Ceuta).

En el caso de Cataluña, la Generalitat no propuso experto, algo que lamentaron desde el Gobierno central al considerarlo «sorprendente» y una decisión poco responsable que perjudica a los ciudadanos catalanes, y especialmente ante las dificultades financieras que la comunidad sigue presentando.

ACORDAR UN «IDEARIO BASICO».

El Gobierno pretende alcanzar un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación que sea estable –aunque se pueda ir revisando– y que los ingresos no dependan tanto del ciclo económico, ya que en épocas de bonanza hay más financiación, mientras que en crisis, los ingresos disminuyen considerablemente. Se trata, en definitiva, de desvincular el sistema de las oscilaciones notables del ciclo económico.

La intención del Ejecutivo es acordar un «ideario básico» y «cuestiones concretas» de la reforma del sistema que sirva de base a la discusión de los expertos, ya que establecer de antemano los temas sobre los que se tiene que pronunciar la comisión, permitirá, según el Ejecutivo, «enfocar» los trabajos.

Además, la idea es que el comité debata las cuestiones pero sin la necesidad de llegar a un acuerdo, sino que posteriormente se encargaría el Ministerio de Hacienda de elaborar un informe que recogería las diferentes aportaciones de los expertos e incluso podría hacer propia alguna de ellas.

Para avanzar en los trabajos, el acuerdo establece la creación de una ponencia en el seno de la propia comisión constituida por siete miembros, de los cuáles uno será el presidente de la comisión de expertos y el resto serán nombrados por la propia comisión entre sus miembros.

INFORME FINAL EN SEIS MESES.

En cuanto al desarrollo de los trabajos de la comisión de expertos, el Gobierno contempla que se reúna en varias sesiones, en cada una de las cuales se tratarían unos determinados temas. A partir de lo hablado en dichas sesiones y los documentos aportados, el Ministerio de Hacienda recogerá y sintetizará las propuestas presentadas, que en última instancia deberán ser aprobadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Así, la comisión tendrá que rendir un informe final en el plazo de seis meses que, una vez aprobado, será remitido al Comité Técnico Permanente de Evaluación y al CPFF, que tendrá la última palabra sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, ya que las propuestas del comité de expertos no serán vinculantes.

En la última fase de las discusiones será necesario compaginar las actuaciones de este órgano multilateral con reuniones bilaterales, en las que se busque a través de la negociación política el apoyo necesario para la aprobación de un modelo consensuado.

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