Ciudadanos exigirá mañana en el Congreso que el Gobierno devuelva competencias y funciones que, señalan, «corresponden a la CNMC de acuerdo a la Comisión Europea», mientras que el PSOE, Unidos Podemos y el PDeCAT pedirán al Ejecutivo que acabe con la situación de transitoriedad que denuncia el Tribunal de Cuentas en este organismo regulador.
Así consta en las propuestas de resolución recogidas por Europa Press que las cuatro formaciones han registrado en el Congreso al*hilo del informe del Tribunal de Cuentas sobre el supervisor, y sobre las cuales la Comisión Mixta (Congreso-Senado) deberá pronunciarse este martes. En este informe sobre la CNMC en el ejercicio 2014, el órgano fiscalizador instaba a acabar con la transitoriedad que contemplaba la propia ley de creación de la CNMC, pues señalaba que el regulador aún ejercía parte de las competencias que la ley trasladaba al Ejecutivo. RETRASO EN LA RENOVACION DE UN ORGANO DECLARADO EN EXTINCIONEn dicho informe, conocido en junio de 2016, el Tribunal de Cuentas criticaba también el retraso en la renovación de la cúpula de la CNMC, que debía haberse producido en septiembre de 2015, y que el Gobierno justificó por la inminencia de las elecciones de diciembre de ese año. Concretamente, tres de los ocho consejeros del organismo presidido por José María Marín Quemada están pendientes de que el Gobierno amplíe o no su mandato, pues puede prorrogarlo dos años después.
Sin embargo, en su acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy, el PP pactó con Ciudadanos volver al modelo anterior y disgregar la CNMC en dos entes, la Autoridad Independiente de los Mercados (AIReM) y la Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo). De hecho, el propio ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ya anunció en el Congreso el pasado mes de enero su intención de llevar adelante esta separación, enmarcada dentro de una reforma de la estructura de los reguladores económicos. Esta nueva estructuración irá acompañada de una nueva regulación sobre el nombramiento de los altos cargos de estos organismos, para el cual el Ejecutivo ha avanzado que pretende introducir criterios orientadores tales como «la transparencia, la meritocracia, la participación democrática y la inexistencia de conflictos de interés para la mejora de la gobernanza», según la consulta pública sobre esta reforma lanzada por el departamento que dirige De Guindos.
